miércoles, 10 de octubre de 2012

La Montaña


EL TAMARINDO Y MALOVA
Oscar Loza Ochoa

No queremos violar las propiedades.
¿Pero qué propiedad hay más sagrada que la de la existencia?
Jean-Paul Marat

El Tamarindo es un caso emblemático. Lo es entre otras razones porque es una comunidad (como muchos ejidos) que sólo puede crecer a costa de sus terrenos de cultivo, porque hay un creciente número de matrimonios jóvenes que demandan lotes donde construir una vivienda y porque hay una manifiesta ausencia de voluntad de las autoridades para buscar alivio a esa situación.

Las familias que demandan vivienda arribaron con una esperanza a este sexenio. Se dijo en campaña que habría créditos para la gente humilde. Nadie pedía ni esperaba lotes o casa gratis, pero sí ser sujeto de crédito y que hubiera proyectos populares de vivienda. En muchas comunidades se Sinaloa no existe proyecto alguno y cuando los grupos sociales que demandan donde vivir se ven obligados a ocupar algún terreno privado o público, la respuesta a botepronto es descalificarlos y “obsequiarles” una averiguación previa. Reprimirlos, pues.

Las 145 familias de El Tamarindo no ocuparon el primer terreno que vieron ni lo hicieron antes de tocar alguna puerta de autoridad. No. Tienen años planteando su problema ante la sindicatura (que no tiene facultades para enfrentar el problema), el Ayuntamiento de Culiacán y el INVIES, sin que hayan encontrado una salida a sus necesidades de vivienda.

Como vivir de arrimados con padres, suegros, hermanos o amigos no tiene mucho futuro, buscaron la compra de un terreno de cultivo (el único disponible está a unos 400 metros del pueblo), pero el Ayuntamiento de Culiacán no está en condiciones de llevar los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado hasta allá en un tiempo razonable. Entonces surgió la propuesta de intercambiar esa parcela por un terreno baldío que pertenece a la Escuela Secundaria del poblado y que la comunidad le donó cuando se construyó la institución educativa.

Ante los oídos sordos de las autoridades, las familias se posesionaron del terreno escolar y manifestaron de nueva cuenta la propuesta de intercambiar la parcela en mención (con vocación para actividades agropecuarias) por el terreno aledaño a la escuela y que permanecía inculto hasta esa fecha. Hubo un rotundo no.

La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos a través de su presidente Leonel Aguirre Meza, ha buscado mediar ante el Ayuntamiento, INVIES y la Secretaría de Educación Pública para encontrar una solución que deje satisfechas a las partes. En las negociaciones centrales no ha faltado la Dirección de Gobierno, pero a pesar de la palabra empeñada del Dr. Francisco Frías Castro y de la insistencia por el diálogo de los solicitantes, no hay indicio alguno de amigable composición.

Eso sí, ya hay una averiguación abierta por querella de la SEPyC en la Aguirre Meza aparece como indiciado, y, de mantenerse todo como hasta hoy, seguramente se “obsequiarán” también las órdenes de aprehensión correspondientes. Resulta chocante concluir en que si ese movimiento social nació de una demanda legítima de vivienda, coincidiendo con promesas de campaña de quienes ahora gobiernan, la única respuesta oficial es la cárcel. Si se reprime no se resolverá la vieja demanda de lotes donde vivir y sí se profundizará en la crisis de un renglón muy sentido por la sociedad. Ojalá haya cambio de pareceres en la autoridad estatal.

De luto. La historia como ciencia lamenta la partida de Eric J. Hobsbawm, el gran investigador marxista inglés. Activista y autor de muchas obras a lo largo del Siglo XX y lo que va del presente, su legado es el fortalecimiento de una concepción científica de la historia y de la lucha de los pueblos y una vocación de justicia para las naciones y grupos sociales oprimidos. También falleció don Alfonso Corona Calderón, padre de la defensora y mártir de los derechos humanos Norma Corona y nieto de Ramón Corona, general juarista ante quien rindiera su espada el emperador Maximiliano el 15 de mayo de 1867 en la ciudad de Querétaro. Ambos son pluma y hechos en el crisol de la historia. Descansen en paz.

Twitter @Oscar_Loza 

viernes, 18 de mayo de 2012

RECOMENDACIONES Y VISITAS


La Montaña / Oscar Loza Ochoa

Con el corazón partido por la pérdida de
doña Beatriz Jacobo de Michel y de Carlos Fuentes.

Sí existen pueblos fantasmas, reconoció el Gobernador al visitar La Noria, Surutato y El Potrero de los Fierro. Esas comunidades emblemáticas del entorno violento de Los Altos  de Sinaloa sufren la desolación y la obligada ausencia de sus habitantes o el peso del drama social de los desplazados. El panorama encontrado hizo cambiar de opinión al mandatario sinaloense.

Frente a los páramos que vio desde el aire y que pisó rodeado de los pocos vecinos que aún deambulan por esos campos dejados de la mano de Dios, la emoción del primer momento lo llevó a proponer el envío de más fuerza pública para barrer aquella zona serrana. Un día después dispuso la creación de 36 viveros en las comunidades afectadas, para promover empleos.

Debió ser duro, aun para alguien tan optimista como Mario López Valdez, cruzar palabra con los escasos vecinos de tres comunidades víctimas de la violencia. Esos pocos vecinos admirablemente permanecen en sus lugares. Ni la violencia, ni las cornadas del hambre, ni la soledad que da vida a rescoldos olvidados los lleva a otro lado. El pasado se hizo presente y es la fuerza que mueve a quienes se quedaron. Malova entendió que esas mujeres y esos hombres no irán a ningún otro lado.

En sus rostros y gestos se adivina que no caminarán un paso fuera de sus pueblos. Buscar refugio y seguridad más allá del horizonte donde nacieron, es querer huir de una trampa que está presente en cualquier parte a la que se vaya.

Todo ello pesó en la decisión del gobernador de crear algunas fuentes de trabajo, pues para quienes se quedaron quizá sea peor adquirir el estatus de desplazado, marchar a la deriva, que vivir los destiempos de la Comala de Pedro Páramo. Así estén en medio de la nada y sus desveladas siluetas se conviertan en fantasmas de pueblos donde el miedo y la violencia no han dado cabida al tiempo ni a la esperanza.

Pero las medidas anunciadas hablan de lo que se puede calificar de urgentes no de las que resolverían el problema a mediano y largo plazo. Por eso creemos que la Recomendación enviada este jueves por la Comisión de Defensa de los derechos Humanos en Sinaloa es atinada. En ella se presenta un análisis del fenómeno de los desplazados en América Latina (donde México ocupa el segundo lugar en desplazados después de Colombia). El estudio, de acuerdo a organismos internacionales como la ONU, Cruz Roja, el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos de Noruega (iMDC), la prensa nacional e internacional, señala que hay once estados en México con el desplazamiento de población motivada por la violencia.

El gobierno federal no ha reconocido el problema a pesar de la magnitud y del impacto que ya tiene algunas regiones del país. Son los municipios donde el problema de los desplazados los ha puesto en un verdadero predicamento los que han sacado la cara para atender, a pesar de todas sus limitaciones, la emergencia que dicho fenómeno les plantea. Lo han hecho Mazatlán (donde se concentra alrededor de 2mil 500 familias desplazadas), Concordia, Badiraguato y Sinaloa. En estos se les ha unido el gobernador.

El documento de la Cddhs va al grano. Hace ocho recomendaciones al gobernador en las que plantea la necesidad de elaborar un diagnóstico de sobre el problemas de los desplazados, de nombrar una comisión especial para establecer indicadores y criterios únicos para elaborar el estudio, solicitar al Congreso del Estado un fondo de 250 millones de pesos para la atención de los desplazados, urgir al gobierno federal a participar en la atención a los desplazados, instar al gobierno federal a solicitar a la ONU y a la Cruz Roja Internacional para que tome parte en la atención de la población desplazada y para que en un término prudente se presenten un Plan Emergente de atención a esas víctimas de la violencia y un Plan de Retorno a sus comunidades.

Para el Congreso del Estado se plantean tres recomendaciones. Una para crear una comisión especial que vigile la observancia de los Principios Rectores de Desplazamientos Internos de la ONU, otra para crear el fondo de 250 millones de pesos para atención a desplazados y la tercera para que solicite al gobernador la creación de la comisión especial multidisciplinaria que elabore indicadores y criterios únicos para el diagnóstico.

En el marco de este sentido problema y en vísperas del IV Informe de Labores de Leonel Aguirre Meza, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, la recomendación llegó muy oportuna y ojalá tenga el eco en las instancias aludidas que la población desplazada necesita. Vale.

sábado, 14 de abril de 2012

TORTURAS Y CRIMINALIZACION DE MOVIMIENTOS SOCIALES


La Montaña / Oscar Loza Ochoa

Más ya lo sabes: todo fue mentira.
César Vallejo

-Nadie tortura a nadie-, declara el gobernador Mario López Valdez. Y para volver más preocupantes sus conceptos y la práctica policial, agrega “los momentos por los que vive Sinaloa y el País no son precisamente de orden y respeto, y se enfrentan a circunstancias muy difíciles nuestros policías.”

Un gobierno que prometió el cambio y que para mayor garantía de transformación tiene en coalición a no pocos funcionarios de izquierda, no se manifiesta abierto a la crítica y menos en disposición de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos. Después de las reiteradas denuncias de torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias en Sinaloa y en México, de las expresiones de preocupación de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch ante el gobierno mexicano, de las recomendaciones de la CNDH y de la CEDH (15 en los últimos tres años) sobre el particular y los casos hechos públicos por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, no cabe una declaración en esos términos. No al menos en un gobierno que se reclama plural y democrático.

Se afirma que nadie tortura a nadie, negando la más mínima posibilidad de que ello pueda suceder, a pesar de una terca realidad que a diario desmiente lo dicho. Dos pequeñas perlas como ejemplo: a principios de este año fue detenido el maestro Sabino Trujillo por su presunta responsabilidad en el homicidio de Juan José Martínez ex alcalde de La Cosalá. Para disponer del detenido por más de las 48 horas constitucionales, la autoridad administrativa dejó asentado en la averiguación previa que fue privado de la libertad un día después de los hechos reales. La familia presentó queja en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa al día siguiente por la mañana. Si nos atenemos a la averiguación previa, cuando se presentó la queja ante la CDDHS Sabino aún gozaba de libertad. ¿Cómo explicar la angustia de esa familia y cómo entender que para la legislación internacional (que es también nacional) toda detención prolongada es tortura? 

También ante la CDDHS se presentó queja de que en una casa abandonada en las inmediaciones de la ciudad de Navolato (junto al Río) la policía de élite estatal introducía a detenidos y los mantenía en el lugar por espacio de horas. Los testigos presumieron que se torturaba en dicho local. La prensa registró la denuncia y la CEDH hizo presencia para documentar la existencia de manchas muy parecidas a sangre humana. Hasta hoy desconocemos si para la Procuraduría General de Justicia la denuncia mereció una investigación en serio.

No podemos pasar desapercibida tampoco la frase “orden y respeto”, porque no hace muchas décadas fue la divisa favorita de Juan Carlos Onganía, de Alfredo Stroesner y de Augusto Pinochet. Y con la frase gemela “ley y orden”, impusieron los mayores golpes que las incipientes democracias latinoamericanas hayan recibido, reduciendo las garantías civiles y los derechos humanos a sólo consignas y anhelos de una sociedad agraviada.
Nos preocupa seriamente que esté pasando todo esto y no haya una rectificación de las prácticas violatorias de derechos humanos. Sería muy grave que la información de lo pasa en las policías y en la PGJE no llegue a manos del gobernador. Sería peor que llegándole de manera oportuna y clara no enderece las cosas tal como lo prometió hace 15 meses. No sería difícil una investigación del más alto nivel a partir de las denuncias conocidas. Creemos que aún es tiempo de enrumbar el barco.

Y en el golpe de timón que debe darse en las políticas públicas tendrá  que incluirse el trato al problema de los comuneros desplazados por la Presa Picachos. Abrir procesos penales a quienes luchan pacíficamente por sus derechos económicos y sociales, es ahondar las heridas que errores anteriores heredaron. Criminalizar los movimientos sociales sólo puede llevar a polarizar innecesariamente las relaciones Estado-ciudadanos.

La historia del país y la experiencia como defensores de los derechos humanos nos repite hasta el cansancio que el diálogo y la amigable composición son los recursos idóneos para la solución de los problemas sociales. Y en tiempos de crisis resultan más aconsejables para evitar injusticias y lo que más aman gobernantes y ciudadanos: la gobernanza.

Los organismos de derechos humanos tienen mucho que aportar para una solución justa de los problemas sociales y para alcanzar la paz y tranquilidad social. Ojalá y el gobierno estatal tenga presente esta disposición y el prestigio de los defensores del pueblo, como recurso privilegiado para lograr esos caros objetivos. Ojalá.

jueves, 29 de marzo de 2012

MAZATLAN ARRINCONADO POR INSEGURIDAD


La Montaña

Oscar Loza Ochoa

A Camilo Valenzuela, por la partida de doña Ramona Fierro,
 enfrentando la muerte con la misma valentía que vivió la vida.

La economía mazatleca tiene diagnóstico reservado, por daños colaterales de la violencia. Y los problemas se le vienen encima en cascada: escasez de agua potable, policías municipales en permanente rebelión, transbordadores turísticos que se ahuyentan por la inseguridad y una caída severa en la actividad turística y en los ingresos que genera.

Eso dijeron representantes de hoteleros, restauranteros, del servicio de aurigas, parachuteros, guías de turistas, maestros y alumnos asistentes al foro que se organizó con el tema de la participación ciudadana en materia de seguridad.

El doctor Joel Quiñones Reyna fue el expositor invitado. No abundó en las estadísticas, sólo echó mano de las consideró indispensables para que el público asistente tuviera bien claro que las tasas del delito por cada 100 mil habitantes se han disparado, sobre todo a partir de 2008. Expresó (cito de memoria) que en ese año la tasa era 217, que subió en 2010 a 252 y que para este 2012 llega a 291 por cada 100 mil sinaloenses. Agregó que las estadísticas oficiales solamente registran entre el 16 y el 20 por ciento del total de delitos que padece la sociedad.

Y se han disparado también los presupuestos dijo, exponiendo de nuevo datos que cubrían la década anterior y los de la presente. En esta parte afirmó: “tal parece que pagamos más para que se cometa un mayor número de delitos”. No le falta razón, pues es bien sabido de todos que la autoridad presiona los presupuestos anuales, restringiendo los renglones para la educación, salud y vivienda, para satisfacer el de seguridad, que a final de cuentas, como dijo el maestro Joel quiñones, no está dando los resultados prometidos.

La exposición final del doctor Quiñones Reyna insistió en la imprescindible necesidad de que nos interesemos por la participación ciudadana en el tema de la seguridad. Alejarse del tema, señaló, es permitir que las cosas que marchan mal lo hagan peor; sin descontar, agregaría al final que los fenómenos de la corrupción y la impunidad cobren mayores espacios que los que hoy ya nos ahogan.

Los restauranteros señalaron que hay miedo entre ellos porque el fenómeno de la violencia está presente a diario y en todo momento. Hay riesgo de su integridad personal y pérdida de patrimonio. Los hoteleros se quejan de que esa violencia ha espantado a los transbordadores y turistas que llegaban por otros medios, golpeando la economía del puerto. Al no haber efectividad de la autoridad en el combate a la delincuencia, tampoco se ha recuperado el turismo que llega por mar.

Los aurigueros señalaron que hay problemas entre los diferentes prestadores del servicio del transporte y que cuando se presentan estos, hay una mala actuación de la autoridad y al final el afectado es el turista y es otro factor que lo ahuyenta. Los guías de turistas relatan que su trabajo no resulta muy cómodo, pues si hay que llevarlos a Cosalá o a Concordia, los caminos  no son seguros y los riesgos se vuelven  un freno de la actividad.

Una valiente estudiante del Conalep tomó la palabra para denunciar los problemas que se presentan en materia de seguridad para la población estudiantil. Ella fue víctima de asalto en la calle. Otra de sus compañeras señaló que le parecía atinado el evento, pero que reclamaba en nombre de su generación la necesidad de un foro juvenil para tratar con mayor propiedad el tema de la inseguridad en el estado. Esa iniciativa fue aprobada por aclamación.

Felicitaciones al doctor Joel Quiñones, al maestro Enrique Díaz Terán y al resto de los organizadores del evento. Sin duda los resultados del foro serán un estimulo a la sensibilidad en el tema para los mazatlecos.

Ojalá y la iniciativa de promoción de la participación ciudadana en los asuntos públicos nos lleve a todos los sinaloenses a dar un paso al frente en este deber civil. Las generaciones jóvenes del presente y del futuro lo agradecerán. Vale.

jueves, 23 de febrero de 2012

PA’ LOS POBRES NI LA BASURA

La Montaña / Oscar Loza Ochoa

Pobre es el que tiene que pedir permiso para vivir.

Daniel Reventós

Bella lección de dignidad nos brindan los pepenadores del relleno sanitario de Culiacán. Las crisis de los últimos 30 años han empujado a grupos cada vez mayores de personas a solicitar un lugarcito en el basurón de la ciudad. Necesitan ganarse la vida y se les han cerrado muchas puertas antes de llegar allí.

Apenas el día lunes 20 de este mes, varios ciudadanos solicitaron la anuencia de la cooperativa para pepenar basura reciclable; entre ellos estaba una pareja que la violencia ha obligado a abandonar tierra, muertos y patrimonio, desplazados pues. No hubo duda en la respuesta otorgada: por unanimidad la asamblea les dijo sí.

Mayor valor cobra el acuerdo si destacamos que las dimensiones de la basura que trabajan (unas mil 200 toneladas diarias) hoy se han reducido a poco menos de la mitad y que el número de miembros de la cooperativa rebasa ya los 500. A pesar de la pobreza no excluyen a otros desamparados. No saben hasta dónde alcance la lullida cobija que los tapa y que ya amenaza con romperse, pero la deuda social que tenemos pendiente con ellos nos obliga a preguntar ¿por qué no llega la mitad de la basura al relleno del municipio? ¿Qué amenazas se ciernen hoy sobre esa fuente de trabajo?

Este jueves 23 los pepenadores marchan por las calles de Culiacán hasta el relleno sanitario del sur de la ciudad. Ese relleno es privado. En medio de sospechas sobre presunto pago de facturas políticas a exfuncionarios, el Ayuntamiento pretendió concesionar en diferentes momentos todo el servicio de recolección de basura, pero encontró muchas resistencias.

No quedarían desprotegidos los supuestos empresarios: en 2005 se les concesionó la mitad del servicio y se les permitió abrir un nuevo relleno en condiciones que no cumplen la norma mexicana 0083. No sólo cobran a los particulares que depositan la basura en su relleno, el municipio está obligado a garantizarles una cantidad no menor a las 600 toneladas diarias y la paga mensual de alrededor de dos millones de pesos. Por supuesto, a las arcas municipales sólo llegan las facturas por gasolina o refacciones de los carros del Ayuntamiento que depositan basura en aquél lugar.

Originalmente la concesión se hizo a la empresa Altya, pero por las denuncias mencionadas el negocio pasó a otra empresa que se hace llamar Gen. Los mismos, dice mucha gente. ¿Dónde está el negocio para el Ayuntamiento? ¿Dónde están las ventajas para la ciudad?

Lo que no deja lugar a dudas es que a la cooperativa de pepenadores se ha buscado dejarla fuera del relleno sanitario, que es su fuente de trabajo. Y no importa aquí el principio jurídico de que, quien es primero en tiempo es primero en derecho. Recordemos, por si hay quien dice ignorarlo, que a principios de los años ochenta cuando nace el relleno municipal al norte de la ciudad, unos doce ciudadanos iniciaron lo que se llamó la unión mercantil de pepenadores; en 1995 adquirió el nombre de unión independiente de pepenadores de Culiacán, para constituirse en la Cooperativa de Pepenadores Progreso de Culiacán en el transcurso de 1998.

Han logrado consolidar su Cooperativa a pesar de los embates recurrentes de funcionarios y de la delincuencia común que rodea el área de su fuente de trabajo. Respetuosos con el medio ambiente y responsables ante la sociedad, han elaborado un proyecto de industrialización de la basura, pero no ha encontrado los apoyos financieros en instancias de gobierno para concretarlo.

Ellos no lo encuentran, pero ya rondan empresas inglesas, belgas y polacas con padrinos políticos mexicanos que pretenden acaparar la industrialización de la basura. La marcha de los pepenadores es por la defensa de su fuente de trabajo y contra la privatización del servicio de recolección.

Lamentable que esos embates vengan precisamente en 2012, declarado el año internacional de las cooperativas por la ONU, quien “reconoce que el modelo cooperativo es un importante factor de desarrollo social y económico que promueve la más alta participación posible en el desarrollo económico y social de las personas, en los países desarrollados y en vías de desarrollo y que, en particular, las cooperativas contribuyen a la erradicación de la pobreza. La resolución también invita a todos los gobiernos a crear más ayudas para el desarrollo del cooperativismo.”

Más claro ni el agua. Y más necesario que nunca el respaldo moral de la sociedad hacia don Manuel Orpineda, don Enrique Gutiérrez y el licenciado Miguel Ángel García Leyva y sus más 500 compañeros cooperativistas. Vale.

jueves, 16 de febrero de 2012

FLANCOS DEBILES EN LA PROCURADURIA

La Montaña / Oscar Loza Ochoa

Quedándose en la condena del crimen, aunque sin la salvación de la tragedia.

Carlos Fuentes

Hay tiempos para gritar el dolor y tiempos para llorarlo en voz baja. Muchas de las víctimas y sus familiares así sufren sus problemas, amedrentadas por las amenazas de quienes ya les hicieron daño y decepcionadas por una autoridad que las abandonó en medio de la tragedia.

No podemos explicarnos de otra manera la ausencia de muchos sinaloenses ante las convocatorias a manifestar públicamente un reclamo de justicia. Y vaya que no son pocos quienes sufren los golpes demoledores de la violencia, lamentando la desaparición o la muerte de un familiar. ¿Qué le queda por hacer a un ciudadano ante la impunidad que cobija al delincuente y el desamparo que se convierte en su segunda piel?

El domingo anterior marchamos desde el Parque Las Riberas hasta la Procuraduría de Justicia. La invitación se corrió a un buen número de ciudadanos con graves problemas y sin ellos. Buscábamos darle vida a la campaña nacional “En los zapatos del otro”. Sólo caminamos por esas calles de Dios algunos pepenadores del relleno sanitario de Culiacán, veteranos productores de caña del ex ingenio de Costa Rica, familiares de desaparecidos, el organismo Sinaloa por la Paz y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa. Sólo un puñado de ciudadanos.

Como consecuencia nos recibió el Procurador este día de San Valentín y revisamos algunas averiguaciones previas, cuyos expedientes no agregan desde hace tiempo una sola diligencia o no apuntan para ningún lado a pesar de ello. Y al revisarlos salen las perlas que la procuración luce con tanta frecuencia: caso Silverio Cháidez, desaparecido a mediados del año pasado en Culiacán; el taxi que manejaba fue encontrado en Guasave y a pesar del reporte de robo, el agente del Ministerio Público que inició la averiguación en aquel municipio nunca informó a sus superiores del hallazgo (inmediato). Después de siete meses se incorporará esta averiguación previa con la de Culiacán.

Para consuelo de todos nos dicen que esto provoca una medida administrativa que sancionará de ahora en adelante a los agentes del Ministerio Público que no informen de los autos recuperados con reporte de robo. El colmo fue que el familiar del desaparecido dice haber visto en la misma pensión de Guasave otro taxi robado en Culiacán, del que tampoco se había dado informes. Él se encargó de avisarle al propietario.

Si hay hallazgos importantes en los autos como huellas dactilares u objetos que ayuden en el esclarecimiento de crímenes, sencillamente no han estado a disposición de la investigación central. Así de cruda y de grave es la situación.

O quizá más, si tomamos en cuenta que el joven Rosario Oropeza Ontiveros (hijo del ex director del periódico El Debate) fue considerado desaparecido por casi siete meses, a pesar de que sus restos estaban en una funeraria de Guamúchil desde los primeros días del homicidio (febrero de 2010) y que un agente del MP había dado fe de ellos. Y no se aprende de los errores. En vísperas de navidad encontré muy atribulado a mi amigo Erasto Portilla, me contó que desde octubre tenía desaparecido a Erasto su hijo. Había prometido no cortarse la barba hasta encontrar a su muchacho. Sin noticias y con las esperanzas sin aliento decidió rasurarse en enero de este año. Ese día un agente de funeraria, no del Ministerio Público, le avisó que en el anfiteatro de su empresa en Navolato estaba depositado el cuerpo de su hijo desde el mes de octubre. ¿Cuántos casos como estos habrá pendientes?

No está a discusión si es necesario un mayor presupuesto para la procuración de justicia, como tampoco debe estarlo para reconocer que para cumplir el a, b, c de la procuración hace falta sentido de responsabilidad y vocación, no de un cheque más generoso. ¿Hace falta una reforma en la procuración de justicia? No. Hace falta una revolución. Vale.

sábado, 11 de febrero de 2012

DAVOS Y LOS ZAPATOS DEL OTRO


La Montaña / Oscar Loza Ochoa

¡Qué tiempos éstos en que
hablar sobre árboles es casi un crimen
porque supone callar sobre tantas alevosías!

Bertolt Brecht

No dejes que decidan por ti. Fue la consigna que dio marco a David Roth y sus jóvenes seguidores socialistas suizos frente a las conferencias de Davos. Alertaron al mundo sobre los riesgos de que una minoría que es responsable de la crisis del planeta siga al frente de nuestros destinos.

El fantasma de la crisis no fue conjurado en Davos porque sus exorcistas fueron los mismos nigromantes que le insuflaron vida. ¿No estuvieron allí los voceros de los 29 bancos principales del mundo? ¿Acaso hubo autocrítica de los gobiernos de EU, Reino Unido, Alemania, Francia, China o Japón? ¿Cuál es el mensaje de las compañías petroleras y armamentistas del planeta?

No está demás que mantengamos la agudeza de análisis sobre la situación difícil que se dibuja desde Europa y los Estados Unidos, y que dudemos de la efectividad de guardar los más de 147 mil millones de dólares como reservas mexicanas para cuando a los especuladores se les ocurra ir por ellos, como lo han hecho en otras ocasiones. Mientras la desigualdad social sea nuestro distintivo y la pobreza ahogue a 52 millones de mexicanos, no habrá montañas de dólares guardados que blinden nuestra economía, pues allí donde están al igual que la estela de luz del bicentenario en Chapultepec, sólo sirven para recordar el 10 de mayo… de los funcionarios que sacan ganancias con ello.

Pero mientras tanto hay tareas muy concretas que debemos atender. El Movimiento por la paz con justicia y dignidad convocó a la campaña nacional: Ponte en los zapatos del otro (de la víctima). En Culiacán, Sinaloa por la Paz, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, el Frente Contra la Impunidad y los Pepenadores del relleno sanitario de Culiacán, están convocando a una significativa jornada para este domingo 12 de febrero.

Junto con familiares de víctimas del delito se hará un recorrido por el Parque Las Riberas desde las diez de la mañana. La idea es invitar a los visitantes a realizar una marcha hasta las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia, desplegando mantas, atando los zapatos o las canillas de los marchistas por parejas (los zapatos del otro) y depositando zapatos viejos en las instalaciones de la Procuraduría para recordar a las víctimas que esperan justicia.

Para sensibilizar a la sociedad (que de la autoridad nunca estaremos seguros de tal cosa) daremos nombre a las víctimas. Ese día además de decir que hay 42 desaparecidos en Sinaloa desde los años setenta afirmaremos que José Barrón Caldera, Oscar Gaxiola Murillo y Carlos Alemán Velázquez, son algunos de ellos. No podremos callar que en la larga lista de personas desaparecidas recientes están José Luis Ramírez, Miguel Angel Rojo Medina y los hermanos Villa Rubio.

Y entre las víctimas de homicidios, ¿cómo olvidar a los periodistas Oscar Rivera y Humberto Millán? La memoria colectiva aportará siempre los nombres de Norma Corona, Jesús Michel, Carlos Gilberto Morán y Jorge Aguirre, entre los activistas de derechos humanos que aún esperan justicia.

La campaña Ponte en los zapatos del otro (de la víctima) empezará el día domingo 12 y dará el primer paso en firme. Ojalá despierte el interés de la sociedad sinaloense. Ojalá.