La Montaña / Oscar Loza Ochoa
Más ya lo sabes: todo fue mentira.
César Vallejo
-Nadie tortura a nadie-, declara el gobernador Mario López
Valdez. Y para volver más preocupantes sus conceptos y la práctica policial,
agrega “los momentos por los que vive Sinaloa y el País no son precisamente de
orden y respeto, y se enfrentan a circunstancias muy difíciles nuestros
policías.”
Un gobierno que prometió el cambio y que para mayor garantía
de transformación tiene en coalición a no pocos funcionarios de izquierda, no
se manifiesta abierto a la crítica y menos en disposición de investigar y
sancionar las violaciones a los derechos humanos. Después de las reiteradas
denuncias de torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias en Sinaloa y en
México, de las expresiones de preocupación de Amnistía Internacional, de Human
Rights Watch ante el gobierno mexicano, de las recomendaciones de la CNDH y de
la CEDH (15 en los últimos tres años) sobre el particular y los casos hechos
públicos por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, no cabe
una declaración en esos términos. No al menos en un gobierno que se reclama
plural y democrático.
Se afirma que nadie tortura a nadie, negando la más mínima
posibilidad de que ello pueda suceder, a pesar de una terca realidad que a
diario desmiente lo dicho. Dos pequeñas perlas como ejemplo: a principios de
este año fue detenido el maestro Sabino Trujillo por su presunta
responsabilidad en el homicidio de Juan José Martínez ex alcalde de La Cosalá.
Para disponer del detenido por más de las 48 horas constitucionales, la
autoridad administrativa dejó asentado en la averiguación previa que fue privado
de la libertad un día después de los hechos reales. La familia presentó queja
en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa al día siguiente por
la mañana. Si nos atenemos a la averiguación previa, cuando se presentó la
queja ante la CDDHS Sabino aún gozaba de libertad. ¿Cómo explicar la angustia
de esa familia y cómo entender que para la legislación internacional (que es
también nacional) toda detención prolongada es tortura?
También ante la CDDHS se presentó queja de que en una casa
abandonada en las inmediaciones de la ciudad de Navolato (junto al Río) la
policía de élite estatal introducía a detenidos y los mantenía en el lugar por
espacio de horas. Los testigos presumieron que se torturaba en dicho local. La
prensa registró la denuncia y la CEDH hizo presencia para documentar la
existencia de manchas muy parecidas a sangre humana. Hasta hoy desconocemos si
para la Procuraduría General de Justicia la denuncia mereció una investigación
en serio.
No podemos pasar desapercibida tampoco la frase “orden y
respeto”, porque no hace muchas décadas fue la divisa favorita de Juan Carlos
Onganía, de Alfredo Stroesner y de Augusto Pinochet. Y con la frase gemela “ley
y orden”, impusieron los mayores golpes que las incipientes democracias latinoamericanas
hayan recibido, reduciendo las garantías civiles y los derechos humanos a sólo consignas
y anhelos de una sociedad agraviada.
Nos preocupa seriamente que esté pasando todo esto y no haya
una rectificación de las prácticas violatorias de derechos humanos. Sería muy
grave que la información de lo pasa en las policías y en la PGJE no llegue a
manos del gobernador. Sería peor que llegándole de manera oportuna y clara no
enderece las cosas tal como lo prometió hace 15 meses. No sería difícil una investigación
del más alto nivel a partir de las denuncias conocidas. Creemos
que aún es tiempo de enrumbar el barco.
Y en el golpe de timón que debe darse en las políticas
públicas tendrá que incluirse el
trato al problema de los comuneros desplazados por la Presa Picachos. Abrir
procesos penales a quienes luchan pacíficamente por sus derechos económicos y
sociales, es ahondar las heridas que errores anteriores heredaron. Criminalizar
los movimientos sociales sólo puede llevar a polarizar innecesariamente las
relaciones Estado-ciudadanos.
La historia del país y la experiencia como defensores de los
derechos humanos nos repite hasta el cansancio que el diálogo y la amigable
composición son los recursos idóneos para la solución de los problemas
sociales. Y en tiempos de crisis resultan más aconsejables para evitar
injusticias y lo que más aman gobernantes y ciudadanos: la gobernanza.
Los organismos de derechos humanos tienen mucho que aportar
para una solución justa de los problemas sociales y para alcanzar la paz y
tranquilidad social. Ojalá y el gobierno estatal tenga presente esta
disposición y el prestigio de los defensores del pueblo, como recurso
privilegiado para lograr esos caros objetivos. Ojalá.