La Montaña / Oscar Loza Ochoa
Con el corazón partido por la pérdida
de
doña Beatriz Jacobo de Michel y de Carlos
Fuentes.
Sí existen pueblos fantasmas, reconoció el Gobernador al
visitar La Noria, Surutato y El Potrero de los Fierro. Esas comunidades
emblemáticas del entorno violento de Los Altos de Sinaloa sufren la desolación y la obligada ausencia de
sus habitantes o el peso del drama social de los desplazados. El panorama encontrado
hizo cambiar de opinión al mandatario sinaloense.
Frente a los páramos que vio desde el aire y que pisó
rodeado de los pocos vecinos que aún deambulan por esos campos dejados de la
mano de Dios, la emoción del primer momento lo llevó a proponer el envío de más
fuerza pública para barrer aquella zona serrana. Un día después dispuso la
creación de 36 viveros en las comunidades afectadas, para promover empleos.
Debió ser duro, aun para alguien tan optimista como Mario
López Valdez, cruzar palabra con los escasos vecinos de tres comunidades
víctimas de la violencia. Esos pocos vecinos admirablemente permanecen en sus
lugares. Ni la violencia, ni las cornadas del hambre, ni la soledad que da vida
a rescoldos olvidados los lleva a otro lado. El pasado se hizo presente y es la
fuerza que mueve a quienes se quedaron. Malova entendió que esas mujeres y esos
hombres no irán a ningún otro lado.
En sus rostros y gestos se adivina que no caminarán un paso
fuera de sus pueblos. Buscar refugio y seguridad más allá del horizonte donde
nacieron, es querer huir de una trampa que está presente en cualquier parte a
la que se vaya.
Todo ello pesó en la decisión del gobernador de crear
algunas fuentes de trabajo, pues para quienes se quedaron quizá sea peor adquirir
el estatus de desplazado, marchar a la deriva, que vivir los destiempos de la
Comala de Pedro Páramo. Así estén en medio de la nada y sus desveladas siluetas
se conviertan en fantasmas de pueblos donde el miedo y la violencia no han dado
cabida al tiempo ni a la esperanza.
Pero las medidas anunciadas hablan de lo que se puede
calificar de urgentes no de las que resolverían el problema a mediano y largo
plazo. Por eso creemos que la Recomendación enviada este jueves por la Comisión
de Defensa de los derechos Humanos en Sinaloa es atinada. En ella se presenta
un análisis del fenómeno de los desplazados en América Latina (donde México
ocupa el segundo lugar en desplazados después de Colombia). El estudio, de
acuerdo a organismos internacionales como la ONU, Cruz Roja, el Centro de
Monitoreo de Desplazamientos Internos de Noruega (iMDC), la prensa nacional e
internacional, señala que hay once estados en México con el desplazamiento de
población motivada por la violencia.
El gobierno federal no ha reconocido el problema a pesar de
la magnitud y del impacto que ya tiene algunas regiones del país. Son los
municipios donde el problema de los desplazados los ha puesto en un verdadero
predicamento los que han sacado la cara para atender, a pesar de todas sus
limitaciones, la emergencia que dicho fenómeno les plantea. Lo han hecho
Mazatlán (donde se concentra alrededor de 2mil 500 familias desplazadas),
Concordia, Badiraguato y Sinaloa. En estos se les ha unido el gobernador.
El documento de la Cddhs va al grano. Hace ocho
recomendaciones al gobernador en las que plantea la necesidad de elaborar un
diagnóstico de sobre el problemas de los desplazados, de nombrar una comisión
especial para establecer indicadores y criterios únicos para elaborar el
estudio, solicitar al Congreso del Estado un fondo de 250
millones de pesos para la atención de los desplazados, urgir al gobierno
federal a participar en la atención a los desplazados, instar al gobierno
federal a solicitar a la ONU y a la Cruz Roja Internacional para que tome parte
en la atención de la población desplazada y para que en un término prudente se
presenten un Plan Emergente de atención a esas víctimas de la violencia y un
Plan de Retorno a sus comunidades.
Para el Congreso del Estado se plantean tres
recomendaciones. Una para crear una comisión especial que vigile la observancia
de los Principios Rectores de Desplazamientos Internos de la ONU, otra para
crear el fondo de 250 millones de pesos para atención a desplazados y la
tercera para que solicite al gobernador la creación de la comisión especial
multidisciplinaria que elabore indicadores y criterios únicos para el
diagnóstico.
En el marco de este sentido problema y en vísperas del IV
Informe de Labores de Leonel Aguirre Meza, presidente de la Comisión de Defensa
de los Derechos Humanos en Sinaloa, la recomendación llegó muy oportuna y ojalá
tenga el eco en las instancias aludidas que la población desplazada necesita.
Vale.
