La Montaña / Óscar Loza Ochoa
El 2 de octubre será de luto oficial.
Que no lo enajenen como el 20 de noviembre.
El gobierno del cambio arriba a su Primer Informe con claras muestras de fatiga. Muchas de las expectativas que creó la administración plural de Sinaloa han ido quedando lastimosamente en el camino, lo que impacta no sólo la confianza de la sociedad en la autoridad, sino en las esperanzas de que cumpla compromisos y hacer realidad los cambios que aquella exige en la calidad de los servicios públicos, promoción de empleos, las oportunidades en educación y el despegue en las actividades económicas.
Hay renglones en que no podemos responsabilizar al gobierno de Mario López Valdez. Es el caso de la agricultura, donde una severa helada a principios de febrero nos privó de una buena cosecha en Maíz y en hortalizas. Aunque una mala visión del problema y una actitud pusilánime frente a la política federal que desestima las necesidades regionales, agravan la situación, que para el caso se manifiesta en 128 mil hectáreas que aún esperan por el apoyo prometido.
Los problemas del campo no terminan aquí. La presente sequía que deja una estela de presas vacías y las condiciones climáticas que amenazan con probables heladas dibujan una temporada invierno-primavera muy difícil para agricultores y ganaderos. Dicen que los buenos porteros son jugadores con suerte: los cañonazos del enemigo pegan en el marco de la portería, pero no entran en su cabaña. No es el caso de Malova tratándose de actividades primarias.
Hay cosas en las que se combinan coyuntura económica nacional e internacional, visión en proyectos y la audacia. Para el estado de Sinaloa, es cierto que la situación internacional no es la más propicia para atraer inversiones, pues hay demasiados quebraderos de cabeza por lo que se vive en Europa, Medio Oriente y Estados Unidos, que distraen a los dueños del capital; pero tampoco vemos en nuestras autoridades los proyectos visionarios y el lucimiento para venderlos.
Ciencia y política debieran marchar de la mano en los asuntos más importantes, pero durante las campañas políticas importa más como se atraen votos, sin medir el tamaño de los compromisos y la magnitud de los problemas que se prometen resolver. La violencia no es un fenómeno coyuntural, por más que en los años 2008, 2009 y sobre todo el 2010 hayan tenido una expresión extraordinaria. A pesar de las graves manifestaciones del delito en homicidios dolosos, secuestros, corrupción y desapariciones forzadas, se jugó irresponsablemente con la afirmación de que bastaba la sustitución de la vieja administración priísta para abatir radicalmente esas expresiones del delito.
Poco más de diez meses bastó para demostrar que las cosas son más complejas que lo que afirma y cree la clase política. Los hechos violentos nos reiteran que la corrupción es parte del flujo sanguíneo de las instituciones, que el fin de la ineficacia y la ineficiencia no se alcanza por decreto, que la evolución de los homicidios no pueden medirse sólo en comparación al año anterior, que el abatimiento de los secuestros no depende sólo de grupos especiales y que los delitos de lesa humanidad (como las desapariciones forzadas) ha cobrado cifras sin precedentes durante el presente año: 41 casos registrados.
Seguridad es la materia donde más críticas vemos en el terreno local y nacional. Y justo en vísperas del Primer Informe de Mario López Valdez fue presentado el informe de Human Rights Watch sobre la situación de los derechos humanos en México. Comentemos brevemente los puntos que tienen que ver con Sinaloa. “HRW pudo observar que existe una política de seguridad pública que fracasa seriamente en dos aspectos. No sólo no ha logrado reducir la violencia, sino que además ha generado un incremento drástico de las violaciones graves de derechos humanos”. ¿Alguien podrá desmentir esta afirmación?
Cuando HRW se refiere al problema de las desapariciones forzadas, señala que “la prevalencia de este delito no se aprecia adecuadamente debido a que, incluso antes de investigar los casos, funcionarios del gobierno clasifican casi todas las desapariciones como levantones.” Lo que se ha vuelto práctica en todo el país.
Las víctimas sufren de doble victimización, pues además la impunidad en que se ahogan sus casos, dice HRW: “es habitual que funcionarios públicos desestimen las denuncias de las víctimas como falsas y describan a las víctimas como delincuentes.”
Casi once meses después de iniciar con no pocos tropiezos la conducción de la administración pública y de toparse con la terca realidad, aún no se asume el principal axioma en materia de políticas públicas y que de manera prístina nos recalca Human Rights Watch: “Las violaciones de derechos humanos no sólo debilitan el estado de derecho, sino que además pueden tener efectos contraproducentes para la reducción de la violencia, la desarticulación de redes delictivas y la construcción de la confianza pública en las instituciones.” En la procuración y administración de justicia de Sinaloa aún no se asume esta concepción.
Y por si fuera poco todo lo anterior, el 2012 nos depara dos grandes encrucijadas: el estancamiento de la economía y unas de las elecciones presidenciales más complicadas. Que Tomás Moro, el santo de los políticos, ilumine a nuestra desangelada clase política antes que nuestra utopía de paz y de justicia social se extravié en la desesperanza. Vale.
