La Montaña

EL TAMARINDO Y MALOVA

Oscar Loza Ochoa

No queremos violar las propiedades.

¿Pero qué propiedad hay más sagrada que la de la existencia?

Jean-Paul Marat

El Tamarindo es un caso emblemático. Lo es entre otras razones porque es una comunidad (como muchos ejidos) que sólo puede crecer a costa de sus terrenos de cultivo, porque hay un creciente número de matrimonios jóvenes que demandan lotes donde construir una vivienda y porque hay una manifiesta ausencia de voluntad de las autoridades para buscar alivio a esa situación.

Las familias que demandan vivienda arribaron con una esperanza a este sexenio. Se dijo en campaña que habría créditos para la gente humilde. Nadie pedía ni esperaba lotes o casa gratis, pero sí ser sujeto de crédito y que hubiera proyectos populares de vivienda. En muchas comunidades se Sinaloa no existe proyecto alguno y cuando los grupos sociales que demandan donde vivir se ven obligados a ocupar algún terreno privado o público, la respuesta a botepronto es descalificarlos y “obsequiarles” una averiguación previa. Reprimirlos, pues.

Las 145 familias de El Tamarindo no ocuparon el primer terreno que vieron ni lo hicieron antes de tocar alguna puerta de autoridad. No. Tienen años planteando su problema ante la sindicatura (que no tiene facultades para enfrentar el problema), el Ayuntamiento de Culiacán y el INVIES, sin que hayan encontrado una salida a sus necesidades de vivienda.

Como vivir de arrimados con padres, suegros, hermanos o amigos no tiene mucho futuro, buscaron la compra de un terreno de cultivo (el único disponible está a unos 400 metros del pueblo), pero el Ayuntamiento de Culiacán no está en condiciones de llevar los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado hasta allá en un tiempo razonable. Entonces surgió la propuesta de intercambiar esa parcela por un terreno baldío que pertenece a la Escuela Secundaria del poblado y que la comunidad le donó cuando se construyó la institución educativa.

Ante los oídos sordos de las autoridades, las familias se posesionaron del terreno escolar y manifestaron de nueva cuenta la propuesta de intercambiar la parcela en mención (con vocación para actividades agropecuarias) por el terreno aledaño a la escuela y que permanecía inculto hasta esa fecha. Hubo un rotundo no.

La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos a través de su presidente Leonel Aguirre Meza, ha buscado mediar ante el Ayuntamiento, INVIES y la Secretaría de Educación Pública para encontrar una solución que deje satisfechas a las partes. En las negociaciones centrales no ha faltado la Dirección de Gobierno, pero a pesar de la palabra empeñada del Dr. Francisco Frías Castro y de la insistencia por el diálogo de los solicitantes, no hay indicio alguno de amigable composición.

Eso sí, ya hay una averiguación abierta por querella de la SEPyC en la Aguirre Meza aparece como indiciado, y, de mantenerse todo como hasta hoy, seguramente se “obsequiarán” también las órdenes de aprehensión correspondientes. Resulta chocante concluir en que si ese movimiento social nació de una demanda legítima de vivienda, coincidiendo con promesas de campaña de quienes ahora gobiernan, la única respuesta oficial es la cárcel. Si se reprime no se resolverá la vieja demanda de lotes donde vivir y sí se profundizará en la crisis de un renglón muy sentido por la sociedad. Ojalá haya cambio de pareceres en la autoridad estatal.

De luto. La historia como ciencia lamenta la partida de Eric J. Hobsbawm, el gran investigador marxista inglés. Activista y autor de muchas obras a lo largo del Siglo XX y lo que va del presente, su legado es el fortalecimiento de una concepción científica de la historia y de la lucha de los pueblos y una vocación de justicia para las naciones y grupos sociales oprimidos. También falleció don Alfonso Corona Calderón, padre de la defensora y mártir de los derechos humanos Norma Corona y nieto de Ramón Corona, general juarista ante quien rindiera su espada el emperador Maximiliano el 15 de mayo de 1867 en la ciudad de Querétaro. Ambos son pluma y hechos en el crisol de la historia. Descansen en paz.

www.oscarloza.com

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Twitter @Oscar_Loza 

RECOMENDACIONES Y VISITAS

La Montaña / Oscar Loza Ochoa

Con el corazón partido por la pérdida de

doña Beatriz Jacobo de Michel y de Carlos Fuentes.

Sí existen pueblos fantasmas, reconoció el Gobernador al visitar La Noria, Surutato y El Potrero de los Fierro. Esas comunidades emblemáticas del entorno violento de Los Altos  de Sinaloa sufren la desolación y la obligada ausencia de sus habitantes o el peso del drama social de los desplazados. El panorama encontrado hizo cambiar de opinión al mandatario sinaloense.

Frente a los páramos que vio desde el aire y que pisó rodeado de los pocos vecinos que aún deambulan por esos campos dejados de la mano de Dios, la emoción del primer momento lo llevó a proponer el envío de más fuerza pública para barrer aquella zona serrana. Un día después dispuso la creación de 36 viveros en las comunidades afectadas, para promover empleos.

Debió ser duro, aun para alguien tan optimista como Mario López Valdez, cruzar palabra con los escasos vecinos de tres comunidades víctimas de la violencia. Esos pocos vecinos admirablemente permanecen en sus lugares. Ni la violencia, ni las cornadas del hambre, ni la soledad que da vida a rescoldos olvidados los lleva a otro lado. El pasado se hizo presente y es la fuerza que mueve a quienes se quedaron. Malova entendió que esas mujeres y esos hombres no irán a ningún otro lado.

En sus rostros y gestos se adivina que no caminarán un paso fuera de sus pueblos. Buscar refugio y seguridad más allá del horizonte donde nacieron, es querer huir de una trampa que está presente en cualquier parte a la que se vaya.

Todo ello pesó en la decisión del gobernador de crear algunas fuentes de trabajo, pues para quienes se quedaron quizá sea peor adquirir el estatus de desplazado, marchar a la deriva, que vivir los destiempos de la Comala de Pedro Páramo. Así estén en medio de la nada y sus desveladas siluetas se conviertan en fantasmas de pueblos donde el miedo y la violencia no han dado cabida al tiempo ni a la esperanza.

Pero las medidas anunciadas hablan de lo que se puede calificar de urgentes no de las que resolverían el problema a mediano y largo plazo. Por eso creemos que la Recomendación enviada este jueves por la Comisión de Defensa de los derechos Humanos en Sinaloa es atinada. En ella se presenta un análisis del fenómeno de los desplazados en América Latina (donde México ocupa el segundo lugar en desplazados después de Colombia). El estudio, de acuerdo a organismos internacionales como la ONU, Cruz Roja, el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos de Noruega (iMDC), la prensa nacional e internacional, señala que hay once estados en México con el desplazamiento de población motivada por la violencia.

El gobierno federal no ha reconocido el problema a pesar de la magnitud y del impacto que ya tiene algunas regiones del país. Son los municipios donde el problema de los desplazados los ha puesto en un verdadero predicamento los que han sacado la cara para atender, a pesar de todas sus limitaciones, la emergencia que dicho fenómeno les plantea. Lo han hecho Mazatlán (donde se concentra alrededor de 2mil 500 familias desplazadas), Concordia, Badiraguato y Sinaloa. En estos se les ha unido el gobernador.

El documento de la Cddhs va al grano. Hace ocho recomendaciones al gobernador en las que plantea la necesidad de elaborar un diagnóstico de sobre el problemas de los desplazados, de nombrar una comisión especial para establecer indicadores y criterios únicos para elaborar el estudio, solicitar al Congreso del Estado un fondo de 250 millones de pesos para la atención de los desplazados, urgir al gobierno federal a participar en la atención a los desplazados, instar al gobierno federal a solicitar a la ONU y a la Cruz Roja Internacional para que tome parte en la atención de la población desplazada y para que en un término prudente se presenten un Plan Emergente de atención a esas víctimas de la violencia y un Plan de Retorno a sus comunidades.

Para el Congreso del Estado se plantean tres recomendaciones. Una para crear una comisión especial que vigile la observancia de los Principios Rectores de Desplazamientos Internos de la ONU, otra para crear el fondo de 250 millones de pesos para atención a desplazados y la tercera para que solicite al gobernador la creación de la comisión especial multidisciplinaria que elabore indicadores y criterios únicos para el diagnóstico.

En el marco de este sentido problema y en vísperas del IV Informe de Labores de Leonel Aguirre Meza, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, la recomendación llegó muy oportuna y ojalá tenga el eco en las instancias aludidas que la población desplazada necesita. Vale.

TORTURAS Y CRIMINALIZACION DE MOVIMIENTOS SOCIALES

La Montaña / Oscar Loza Ochoa

Más ya lo sabes: todo fue mentira.

César Vallejo

-Nadie tortura a nadie-, declara el gobernador Mario López Valdez. Y para volver más preocupantes sus conceptos y la práctica policial, agrega “los momentos por los que vive Sinaloa y el País no son precisamente de orden y respeto, y se enfrentan a circunstancias muy difíciles nuestros policías.”

Un gobierno que prometió el cambio y que para mayor garantía de transformación tiene en coalición a no pocos funcionarios de izquierda, no se manifiesta abierto a la crítica y menos en disposición de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos. Después de las reiteradas denuncias de torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias en Sinaloa y en México, de las expresiones de preocupación de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch ante el gobierno mexicano, de las recomendaciones de la CNDH y de la CEDH (15 en los últimos tres años) sobre el particular y los casos hechos públicos por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, no cabe una declaración en esos términos. No al menos en un gobierno que se reclama plural y democrático.

Se afirma que nadie tortura a nadie, negando la más mínima posibilidad de que ello pueda suceder, a pesar de una terca realidad que a diario desmiente lo dicho. Dos pequeñas perlas como ejemplo: a principios de este año fue detenido el maestro Sabino Trujillo por su presunta responsabilidad en el homicidio de Juan José Martínez ex alcalde de La Cosalá. Para disponer del detenido por más de las 48 horas constitucionales, la autoridad administrativa dejó asentado en la averiguación previa que fue privado de la libertad un día después de los hechos reales. La familia presentó queja en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa al día siguiente por la mañana. Si nos atenemos a la averiguación previa, cuando se presentó la queja ante la CDDHS Sabino aún gozaba de libertad. ¿Cómo explicar la angustia de esa familia y cómo entender que para la legislación internacional (que es también nacional) toda detención prolongada es tortura? 

También ante la CDDHS se presentó queja de que en una casa abandonada en las inmediaciones de la ciudad de Navolato (junto al Río) la policía de élite estatal introducía a detenidos y los mantenía en el lugar por espacio de horas. Los testigos presumieron que se torturaba en dicho local. La prensa registró la denuncia y la CEDH hizo presencia para documentar la existencia de manchas muy parecidas a sangre humana. Hasta hoy desconocemos si para la Procuraduría General de Justicia la denuncia mereció una investigación en serio.

No podemos pasar desapercibida tampoco la frase “orden y respeto”, porque no hace muchas décadas fue la divisa favorita de Juan Carlos Onganía, de Alfredo Stroesner y de Augusto Pinochet. Y con la frase gemela “ley y orden”, impusieron los mayores golpes que las incipientes democracias latinoamericanas hayan recibido, reduciendo las garantías civiles y los derechos humanos a sólo consignas y anhelos de una sociedad agraviada.

Nos preocupa seriamente que esté pasando todo esto y no haya una rectificación de las prácticas violatorias de derechos humanos. Sería muy grave que la información de lo pasa en las policías y en la PGJE no llegue a manos del gobernador. Sería peor que llegándole de manera oportuna y clara no enderece las cosas tal como lo prometió hace 15 meses. No sería difícil una investigación del más alto nivel a partir de las denuncias conocidas. Creemos que aún es tiempo de enrumbar el barco.

Y en el golpe de timón que debe darse en las políticas públicas tendrá  que incluirse el trato al problema de los comuneros desplazados por la Presa Picachos. Abrir procesos penales a quienes luchan pacíficamente por sus derechos económicos y sociales, es ahondar las heridas que errores anteriores heredaron. Criminalizar los movimientos sociales sólo puede llevar a polarizar innecesariamente las relaciones Estado-ciudadanos.

La historia del país y la experiencia como defensores de los derechos humanos nos repite hasta el cansancio que el diálogo y la amigable composición son los recursos idóneos para la solución de los problemas sociales. Y en tiempos de crisis resultan más aconsejables para evitar injusticias y lo que más aman gobernantes y ciudadanos: la gobernanza.

Los organismos de derechos humanos tienen mucho que aportar para una solución justa de los problemas sociales y para alcanzar la paz y tranquilidad social. Ojalá y el gobierno estatal tenga presente esta disposición y el prestigio de los defensores del pueblo, como recurso privilegiado para lograr esos caros objetivos. Ojalá.

MAZATLAN ARRINCONADO POR INSEGURIDAD

La Montaña

Oscar Loza Ochoa

A Camilo Valenzuela, por la partida de doña Ramona Fierro,

 enfrentando la muerte con la misma valentía que vivió la vida.

La economía mazatleca tiene diagnóstico reservado, por daños colaterales de la violencia. Y los problemas se le vienen encima en cascada: escasez de agua potable, policías municipales en permanente rebelión, transbordadores turísticos que se ahuyentan por la inseguridad y una caída severa en la actividad turística y en los ingresos que genera.

Eso dijeron representantes de hoteleros, restauranteros, del servicio de aurigas, parachuteros, guías de turistas, maestros y alumnos asistentes al foro que se organizó con el tema de la participación ciudadana en materia de seguridad.

El doctor Joel Quiñones Reyna fue el expositor invitado. No abundó en las estadísticas, sólo echó mano de las consideró indispensables para que el público asistente tuviera bien claro que las tasas del delito por cada 100 mil habitantes se han disparado, sobre todo a partir de 2008. Expresó (cito de memoria) que en ese año la tasa era 217, que subió en 2010 a 252 y que para este 2012 llega a 291 por cada 100 mil sinaloenses. Agregó que las estadísticas oficiales solamente registran entre el 16 y el 20 por ciento del total de delitos que padece la sociedad.

Y se han disparado también los presupuestos dijo, exponiendo de nuevo datos que cubrían la década anterior y los de la presente. En esta parte afirmó: “tal parece que pagamos más para que se cometa un mayor número de delitos”. No le falta razón, pues es bien sabido de todos que la autoridad presiona los presupuestos anuales, restringiendo los renglones para la educación, salud y vivienda, para satisfacer el de seguridad, que a final de cuentas, como dijo el maestro Joel quiñones, no está dando los resultados prometidos.

La exposición final del doctor Quiñones Reyna insistió en la imprescindible necesidad de que nos interesemos por la participación ciudadana en el tema de la seguridad. Alejarse del tema, señaló, es permitir que las cosas que marchan mal lo hagan peor; sin descontar, agregaría al final que los fenómenos de la corrupción y la impunidad cobren mayores espacios que los que hoy ya nos ahogan.

Los restauranteros señalaron que hay miedo entre ellos porque el fenómeno de la violencia está presente a diario y en todo momento. Hay riesgo de su integridad personal y pérdida de patrimonio. Los hoteleros se quejan de que esa violencia ha espantado a los transbordadores y turistas que llegaban por otros medios, golpeando la economía del puerto. Al no haber efectividad de la autoridad en el combate a la delincuencia, tampoco se ha recuperado el turismo que llega por mar.

Los aurigueros señalaron que hay problemas entre los diferentes prestadores del servicio del transporte y que cuando se presentan estos, hay una mala actuación de la autoridad y al final el afectado es el turista y es otro factor que lo ahuyenta. Los guías de turistas relatan que su trabajo no resulta muy cómodo, pues si hay que llevarlos a Cosalá o a Concordia, los caminos  no son seguros y los riesgos se vuelven  un freno de la actividad.

Una valiente estudiante del Conalep tomó la palabra para denunciar los problemas que se presentan en materia de seguridad para la población estudiantil. Ella fue víctima de asalto en la calle. Otra de sus compañeras señaló que le parecía atinado el evento, pero que reclamaba en nombre de su generación la necesidad de un foro juvenil para tratar con mayor propiedad el tema de la inseguridad en el estado. Esa iniciativa fue aprobada por aclamación.

Felicitaciones al doctor Joel Quiñones, al maestro Enrique Díaz Terán y al resto de los organizadores del evento. Sin duda los resultados del foro serán un estimulo a la sensibilidad en el tema para los mazatlecos.

Ojalá y la iniciativa de promoción de la participación ciudadana en los asuntos públicos nos lleve a todos los sinaloenses a dar un paso al frente en este deber civil. Las generaciones jóvenes del presente y del futuro lo agradecerán. Vale.

PA’ LOS POBRES NI LA BASURA

La Montaña / Oscar Loza Ochoa

Pobre es el que tiene que pedir permiso para vivir.

Daniel Reventós

Bella lección de dignidad nos brindan los pepenadores del relleno sanitario de Culiacán. Las crisis de los últimos 30 años han empujado a grupos cada vez mayores de personas a solicitar un lugarcito en el basurón de la ciudad. Necesitan ganarse la vida y se les han cerrado muchas puertas antes de llegar allí.

Apenas el día lunes 20 de este mes, varios ciudadanos solicitaron la anuencia de la cooperativa para pepenar basura reciclable; entre ellos estaba una pareja que la violencia ha obligado a abandonar tierra, muertos y patrimonio, desplazados pues. No hubo duda en la respuesta otorgada: por unanimidad la asamblea les dijo sí.

Mayor valor cobra el acuerdo si destacamos que las dimensiones de la basura que trabajan (unas mil 200 toneladas diarias) hoy se han reducido a poco menos de la mitad y que el número de miembros de la cooperativa rebasa ya los 500. A pesar de la pobreza no excluyen a otros desamparados. No saben hasta dónde alcance la lullida cobija que los tapa y que ya amenaza con romperse, pero la deuda social que tenemos pendiente con ellos nos obliga a preguntar ¿por qué no llega la mitad de la basura al relleno del municipio? ¿Qué amenazas se ciernen hoy sobre esa fuente de trabajo?

Este jueves 23 los pepenadores marchan por las calles de Culiacán hasta el relleno sanitario del sur de la ciudad. Ese relleno es privado. En medio de sospechas sobre presunto pago de facturas políticas a exfuncionarios, el Ayuntamiento pretendió concesionar en diferentes momentos todo el servicio de recolección de basura, pero encontró muchas resistencias.

No quedarían desprotegidos los supuestos empresarios: en 2005 se les concesionó la mitad del servicio y se les permitió abrir un nuevo relleno en condiciones que no cumplen la norma mexicana 0083. No sólo cobran a los particulares que depositan la basura en su relleno, el municipio está obligado a garantizarles una cantidad no menor a las 600 toneladas diarias y la paga mensual de alrededor de dos millones de pesos. Por supuesto, a las arcas municipales sólo llegan las facturas por gasolina o refacciones de los carros del Ayuntamiento que depositan basura en aquél lugar.

Originalmente la concesión se hizo a la empresa Altya, pero por las denuncias mencionadas el negocio pasó a otra empresa que se hace llamar Gen. Los mismos, dice mucha gente. ¿Dónde está el negocio para el Ayuntamiento? ¿Dónde están las ventajas para la ciudad?

Lo que no deja lugar a dudas es que a la cooperativa de pepenadores se ha buscado dejarla fuera del relleno sanitario, que es su fuente de trabajo. Y no importa aquí el principio jurídico de que, quien es primero en tiempo es primero en derecho. Recordemos, por si hay quien dice ignorarlo, que a principios de los años ochenta cuando nace el relleno municipal al norte de la ciudad, unos doce ciudadanos iniciaron lo que se llamó la unión mercantil de pepenadores; en 1995 adquirió el nombre de unión independiente de pepenadores de Culiacán, para constituirse en la Cooperativa de Pepenadores Progreso de Culiacán en el transcurso de 1998.

Han logrado consolidar su Cooperativa a pesar de los embates recurrentes de funcionarios y de la delincuencia común que rodea el área de su fuente de trabajo. Respetuosos con el medio ambiente y responsables ante la sociedad, han elaborado un proyecto de industrialización de la basura, pero no ha encontrado los apoyos financieros en instancias de gobierno para concretarlo.

Ellos no lo encuentran, pero ya rondan empresas inglesas, belgas y polacas con padrinos políticos mexicanos que pretenden acaparar la industrialización de la basura. La marcha de los pepenadores es por la defensa de su fuente de trabajo y contra la privatización del servicio de recolección.

Lamentable que esos embates vengan precisamente en 2012, declarado el año internacional de las cooperativas por la ONU, quien “reconoce que el modelo cooperativo es un importante factor de desarrollo social y económico que promueve la más alta participación posible en el desarrollo económico y social de las personas, en los países desarrollados y en vías de desarrollo y que, en particular, las cooperativas contribuyen a la erradicación de la pobreza. La resolución también invita a todos los gobiernos a crear más ayudas para el desarrollo del cooperativismo.”

Más claro ni el agua. Y más necesario que nunca el respaldo moral de la sociedad hacia don Manuel Orpineda, don Enrique Gutiérrez y el licenciado Miguel Ángel García Leyva y sus más 500 compañeros cooperativistas. Vale.

FLANCOS DEBILES EN LA PROCURADURIA

La Montaña / Oscar Loza Ochoa

Quedándose en la condena del crimen, aunque sin la salvación de la tragedia.

Carlos Fuentes

Hay tiempos para gritar el dolor y tiempos para llorarlo en voz baja. Muchas de las víctimas y sus familiares así sufren sus problemas, amedrentadas por las amenazas de quienes ya les hicieron daño y decepcionadas por una autoridad que las abandonó en medio de la tragedia.

No podemos explicarnos de otra manera la ausencia de muchos sinaloenses ante las convocatorias a manifestar públicamente un reclamo de justicia. Y vaya que no son pocos quienes sufren los golpes demoledores de la violencia, lamentando la desaparición o la muerte de un familiar. ¿Qué le queda por hacer a un ciudadano ante la impunidad que cobija al delincuente y el desamparo que se convierte en su segunda piel?

El domingo anterior marchamos desde el Parque Las Riberas hasta la Procuraduría de Justicia. La invitación se corrió a un buen número de ciudadanos con graves problemas y sin ellos. Buscábamos darle vida a la campaña nacional “En los zapatos del otro”. Sólo caminamos por esas calles de Dios algunos pepenadores del relleno sanitario de Culiacán, veteranos productores de caña del ex ingenio de Costa Rica, familiares de desaparecidos, el organismo Sinaloa por la Paz y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa. Sólo un puñado de ciudadanos.

Como consecuencia nos recibió el Procurador este día de San Valentín y revisamos algunas averiguaciones previas, cuyos expedientes no agregan desde hace tiempo una sola diligencia o no apuntan para ningún lado a pesar de ello. Y al revisarlos salen las perlas que la procuración luce con tanta frecuencia: caso Silverio Cháidez, desaparecido a mediados del año pasado en Culiacán; el taxi que manejaba fue encontrado en Guasave y a pesar del reporte de robo, el agente del Ministerio Público que inició la averiguación en aquel municipio nunca informó a sus superiores del hallazgo (inmediato). Después de siete meses se incorporará esta averiguación previa con la de Culiacán.

Para consuelo de todos nos dicen que esto provoca una medida administrativa que sancionará de ahora en adelante a los agentes del Ministerio Público que no informen de los autos recuperados con reporte de robo. El colmo fue que el familiar del desaparecido dice haber visto en la misma pensión de Guasave otro taxi robado en Culiacán, del que tampoco se había dado informes. Él se encargó de avisarle al propietario.

Si hay hallazgos importantes en los autos como huellas dactilares u objetos que ayuden en el esclarecimiento de crímenes, sencillamente no han estado a disposición de la investigación central. Así de cruda y de grave es la situación.

O quizá más, si tomamos en cuenta que el joven Rosario Oropeza Ontiveros (hijo del ex director del periódico El Debate) fue considerado desaparecido por casi siete meses, a pesar de que sus restos estaban en una funeraria de Guamúchil desde los primeros días del homicidio (febrero de 2010) y que un agente del MP había dado fe de ellos. Y no se aprende de los errores. En vísperas de navidad encontré muy atribulado a mi amigo Erasto Portilla, me contó que desde octubre tenía desaparecido a Erasto su hijo. Había prometido no cortarse la barba hasta encontrar a su muchacho. Sin noticias y con las esperanzas sin aliento decidió rasurarse en enero de este año. Ese día un agente de funeraria, no del Ministerio Público, le avisó que en el anfiteatro de su empresa en Navolato estaba depositado el cuerpo de su hijo desde el mes de octubre. ¿Cuántos casos como estos habrá pendientes?

No está a discusión si es necesario un mayor presupuesto para la procuración de justicia, como tampoco debe estarlo para reconocer que para cumplir el a, b, c de la procuración hace falta sentido de responsabilidad y vocación, no de un cheque más generoso. ¿Hace falta una reforma en la procuración de justicia? No. Hace falta una revolución. Vale.

DAVOS Y LOS ZAPATOS DEL OTRO

La Montaña / Oscar Loza Ochoa

¡Qué tiempos éstos en que
hablar sobre árboles es casi un crimen
porque supone callar sobre tantas alevosías!

Bertolt Brecht

No dejes que decidan por ti. Fue la consigna que dio marco a David Roth y sus jóvenes seguidores socialistas suizos frente a las conferencias de Davos. Alertaron al mundo sobre los riesgos de que una minoría que es responsable de la crisis del planeta siga al frente de nuestros destinos.

El fantasma de la crisis no fue conjurado en Davos porque sus exorcistas fueron los mismos nigromantes que le insuflaron vida. ¿No estuvieron allí los voceros de los 29 bancos principales del mundo? ¿Acaso hubo autocrítica de los gobiernos de EU, Reino Unido, Alemania, Francia, China o Japón? ¿Cuál es el mensaje de las compañías petroleras y armamentistas del planeta?

No está demás que mantengamos la agudeza de análisis sobre la situación difícil que se dibuja desde Europa y los Estados Unidos, y que dudemos de la efectividad de guardar los más de 147 mil millones de dólares como reservas mexicanas para cuando a los especuladores se les ocurra ir por ellos, como lo han hecho en otras ocasiones. Mientras la desigualdad social sea nuestro distintivo y la pobreza ahogue a 52 millones de mexicanos, no habrá montañas de dólares guardados que blinden nuestra economía, pues allí donde están al igual que la estela de luz del bicentenario en Chapultepec, sólo sirven para recordar el 10 de mayo… de los funcionarios que sacan ganancias con ello.

Pero mientras tanto hay tareas muy concretas que debemos atender. El Movimiento por la paz con justicia y dignidad convocó a la campaña nacional: Ponte en los zapatos del otro (de la víctima). En Culiacán, Sinaloa por la Paz, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, el Frente Contra la Impunidad y los Pepenadores del relleno sanitario de Culiacán, están convocando a una significativa jornada para este domingo 12 de febrero.

Junto con familiares de víctimas del delito se hará un recorrido por el Parque Las Riberas desde las diez de la mañana. La idea es invitar a los visitantes a realizar una marcha hasta las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia, desplegando mantas, atando los zapatos o las canillas de los marchistas por parejas (los zapatos del otro) y depositando zapatos viejos en las instalaciones de la Procuraduría para recordar a las víctimas que esperan justicia.

Para sensibilizar a la sociedad (que de la autoridad nunca estaremos seguros de tal cosa) daremos nombre a las víctimas. Ese día además de decir que hay 42 desaparecidos en Sinaloa desde los años setenta afirmaremos que José Barrón Caldera, Oscar Gaxiola Murillo y Carlos Alemán Velázquez, son algunos de ellos. No podremos callar que en la larga lista de personas desaparecidas recientes están José Luis Ramírez, Miguel Angel Rojo Medina y los hermanos Villa Rubio.

Y entre las víctimas de homicidios, ¿cómo olvidar a los periodistas Oscar Rivera y Humberto Millán? La memoria colectiva aportará siempre los nombres de Norma Corona, Jesús Michel, Carlos Gilberto Morán y Jorge Aguirre, entre los activistas de derechos humanos que aún esperan justicia.

La campaña Ponte en los zapatos del otro (de la víctima) empezará el día domingo 12 y dará el primer paso en firme. Ojalá despierte el interés de la sociedad sinaloense. Ojalá.

ASPIRANTES A PRESIDENTE DE LA CEDH

La Montaña / Oscar Loza Ochoa

El gobierno no debe tener más poder

que el que los ciudadanos estén dispuestos a concederle.

Henry David Thoreu

Confieso que en algunas ocasiones me acosa el pesimismo. Tengo un rosario de razones que lo justifican o al menos lo explican: cuando hay persecución contra los activistas de derechos humanos, cuando las violaciones a los derechos humanos son el único recurso que se ofrece para alcanzar la paz, cuando para acallar voces, espacios y plumas se agrede a periodistas...

Cuando pasan esas cosas me vienen sentimientos de orfandad porque en medio del peligro hasta los amigos se nos esconden. Por eso no dejo de impresionarme ante la Convocatoria del Congreso del Estado para ocupar la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos: lo que sobran son candidatos. Todos con sobrados méritos y compromisos en materia de derechos humanos, al menos es su presunción. ¡No sabía que contábamos con tantos defensores de los derechos humanos en Sinaloa! Por lo tanto, acúsome de ignorar lo que por de faul debo conocer.

Una pequeña duda revolotea en el ambiente: ¿por qué habiendo tantos problemas en materia de derechos humanos ni el rostro asoman en los momentos críticos la mayoría de esos apuntados? Eso fortalecería este movimiento y nos daría más posibilidades de resolver los entuertos que abundan en el campo de los grupos y personas más vulnerables de la sociedad.

Por encima de las pretensiones personales, creo que a algunos de los que se registraron (en ellos creo) se les olvidó que apuntarse en bola sólo puede ayudar a quien o quienes van palomeados por los grupos que detentan el poder. Lo correcto hubiera sido construir una candidatura fuerte. Ya no lo hicieron y eso deja abierta las trancas para que repita en el cargo el actual presidente, que hasta hoy no supo lo que era la autonomía de la CEDH o que se acomode alguna otra persona de fuertes compromisos con el poder.

Leonel Aguirre, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, institución con más de 28 años de servicio a la sociedad, no quiso ir a la contienda por considerar que no hay condiciones favorables para una decisión democrática en el Congreso del Estado, donde los méritos y vocaciones sean el vértice de la decisión. Dijo que prefería dedicarse a consolidar la organización. Quienes trabajamos con él coincidimos en sus conclusiones y propósitos.

Agrego una mortificación más a mi reserva de pesimismo: con o sin reelección en el Congreso tendremos una CEDH y un presidente a modo. Sí, a la medida de un régimen nacido de una rara pluralidad política que inexplicablemente excluyó de su agenda un compromiso serio en materia de derechos humanos.

Pero mientras en el congreso se cocina a un nuevo “defensor del pueblo”, el movimiento social que encabezan el poeta Javier Sicilia y Emilio Alvarez Icaza está llamando a desarrollar la campaña nacional: Ponte en los zapatos del otro. La intención es visibilizar a las víctimas, que la sociedad voltee a verlas y tome sus casos como propios y haya una fuerza social que exija justicia para ellas.

En Culiacán se está cocinando una actividad para el fin de semana, con la cual se iniciará nuestra incorporación a la campaña. Entre los organismos interesados destacan Sinaloa por la paz, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, los pepenadores del relleno sanitario de Culiacán, entre otros.

No iremos con las manos vacías a la campaña. Promoveremos la iniciativa de ley sobre desapariciones forzadas que registramos ante el Congreso del Estado el día 9 de diciembre pasado. Con ella los sinaloenses nos pondremos en los zapatos de las víctimas. Servirá de desagravio ante la impunidad con que se van de este mundo los responsables de esas desapariciones forzadas, como el reciente caso de Miguel Nazar Haro. Vale.

AGUIRRE Y LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Montaña / Oscar Loza Ochoa

La libertad es siempre la libertar de quienes piensan de otra forma.

Rosa Luxemburgo

El martes 24 comenzó la semana de homenaje a Jorge Aguirre. No podía quedarme callado y tomé la palabra en la inauguración de la jornada. Comparto con ustedes mi modesta intervención.

“No entendemos la paz sin libertades” -dice el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Tampoco nosotros. Insiste el movimiento que encabeza Javier Sicilia: “no pensamos que la paz deba hacerse a costa de los derechos de las personas y de las comunidades.” ¿Alguien de los presentes estaría en desacuerdo con ello? Pero la realidad que vivimos tiene otra lectura.

Cómo nos haces falta Jorge Aguirre, para que nos ayudes a entender que la violencia que sufrimos en las calles no es la única existente. Que violencia es también morir de hambre y de enfermedades curables, como mueren los tarahumaras y muchos otros mexicanos, mientras las reservas nacionales acumulan ahora más de 144 mil millones de dólares, al acecho de los especuladores de siempre, que terminan llevándoselos a sus bolsillos sin que nuestras leyes lo consideren delito.

Cómo nos haces falta Jorge, para que nos sigas señalando que violencia es también que 530 mil sinaloenses sufren pobreza alimentaria y que al menos 56 mil vecinos de este estado tocan las puertas de los negocios todos los días en busca de empleo sin encontrarlo. Eso es también violencia y no hemos organizado una fuerza pública con los recursos suficientes para desterrar la miseria.

Desde afuera nos insisten organismos de la ONU, la OCDE, el BID y otros en que nos comprometamos a disminuir la brecha entre los ricos y los pobres, a reducir la peligrosa desigualdad social que condena a la mitad de los mexicanos a vivir en la pobreza. El país, o al menos sus autoridades padecen de sordera. No estamos escuchando las advertencias.

Ciegos y sordos ante una preocupante realidad queremos creer que no hay límites en las injusticias sociales y que no hay relación entre estas y la violencia en las calles. No hay puerta a la sensibilidad, pues la autoridad sigue apostando al fortalecimiento de un Estado policiaco cuya misión es espantar al fantasma del crimen organizado y a la violencia en corto plazo. Tiene ya cinco años y no ha espantado a nadie, pero los problemas que generan la pobreza y la desigualdad social cada día se robustecen. No aprendemos las lecciones de Haití, Argentina, Colombia y España. Por eso afirmo que la ausencia de Jorge Aguirre nos pesa demasiado.

El movimiento por los derechos humanos está cobrando una fuerza sin precedentes en el mundo. Y su principal aporte es dejar en claro que los derechos de las personas no pueden dividirse en prioritarios y secundarios, que deben entenderse como indivisibles, imprescriptibles y progresivos, que no pueden cumplirse unos y dejar para después el resto.

Julie Wark, una de las intelectuales de este movimiento, propone que cada país debe garantizar un piso (techo decimos nosotros), con los suficientes recursos que sustenten los derechos de todos: salud, alimentación, educación, vivienda, cultura,... Y afirma que hay un vínculo indisoluble entre derechos humanos y los ingresos de los ciudadanos, pues a menores ingresos corresponden más derechos violados.

No es admisible, no es justa ni razonable tanta desigualdad social. Si queremos alcanzar la paz sin lastimar las libertades y con pleno ejercicio de los derechos ciudadanos, se tienen que establecer controles y restricciones a la vergonzosa concentración de riquezas. Frente a los 58 millones de mexicanos que sufren diversas carencias por pobreza y los 28 millones considerados en pobreza extrema, cabe preguntarnos ¿Es justo, es moral que 30 familias concentren en sus manos las riquezas y el poder en este país?

Por eso decimos que el centro de las políticas públicas debe ser el ciudadano. El punto de partida y de llegada de todo planteamiento debe ser la persona. Ningún programa o decisión gubernamental tiene sentido si no va encaminado a resolver los problemas de los productores, de los campesinos, de los obreros, de los maestros, de las mujeres, de los jóvenes, de los indígenas, de los discapacitados o de los niños. La Constitución Política y los tratados y convenciones internacionales son nuestra Ley suprema. Todos estamos obligados a su observancia. Y los primeros obligados a sujetar todos sus actos a la legalidad que nos hemos dado son los gobernantes.

Señalamos con todo respeto, pero con toda la contundencia que requiere el planteamiento, que preocupa al movimiento de derechos humanos el Convenio recién suscrito entre el presidente municipal de Navolato y el gobernador del estado en materia de seguridad. Por dicho convenio se transfiere el servicio de la policía preventiva municipal al gobierno del estado. Y la corporación municipal desaparece.

El artículo 115 de nuestra Constitución, establece que el régimen republicano de los estados tiene como base de sustento al municipio libre y le da facultades exclusivas, entre ellas la labor de prevención y la aplicación del bando de policía y gobierno. Ningún ayuntamiento puede abdicar a sus funciones constitucionales. Las condiciones graves en materia de seguridad, que todos conocemos suficientemente, no pueden justificar el acuerdo. Y si partimos de los desatinos que en materia de seguridad se cometen a diario en el nivel estatal y federal, donde el respeto a la Constitución y a los tratados y convenciones internacionales suscritos y ratificados por México son dejados frecuentemente de lado, más grande es la preocupación. Se está sentando un delicado precedente, pues ya se habla de promover convenios similares en Angostura y Salvador Alvarado.

Y si partimos de que en la práctica se han desplazado a las policías preventivas de los municipios donde la violencia tiene expresiones altas, la situación de la legalidad constitucional en México está en entredicho. Una cosa hemos sabido hasta la saciedad desde los años cuarenta en Sinaloa: la ilegalidad no se puede vencer combatiéndola con actos ilegales. Allí están las acciones de la Onza Leyzaola, la Operación Cóndor y la que se llama México Seguro. Y allí están los lamentables resultados.

Para fortuna de este país y de las innumerables víctimas que han resultado de la violencia impuesta por los criminales y redimensionada por la acción de las autoridades, ha surgido el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que los días 13 y 14 de este mes, con la representación de 14 estados acordó iniciar una campaña nacional el próximo día 30, rescatando la dignidad de las víctimas. La campaña se llamará: “Ponte en los zapatos del otro”, recordando a todos que para entender a las víctimas es necesario ponernos en sus zapatos. Todos debemos apoyarla.

Y recordando a esas víctimas del delito, es imprescindible manifestar públicamente que la iniciativa de Ley contra las desapariciones forzadas, presentada ante el Congreso del Estado el día 9 de diciembre pasado, debe recibir el apoyo de la sociedad.

Digamos de manera clara en el XIII Aniversario de la inmolación de Jorge Aguirre Meza, que su figura se agiganta en estos tiempos difíciles para el estado y para el país. Pero también reconozcamos que no hemos hecho lo suficiente para que su caso no siga en la impunidad. Y que una tarea presente es retomar su causa y exigir que la autoridad reabra su expediente. Su caso es, por muchas razones, emblemático entre las víctimas que no han recibido la acción de la justicia.

Finalmente, este país no puede seguir ignorando los derechos de las víctimas. Si queremos alcanzar la paz, necesitamos crear un marco legal que se los garantice y que haga valer el sensible e integral concepto de la seguridad humana y ciudadana para todas y todos los que habitamos este sufrido país. Tenemos que hacerlo por nuestras familias y las generaciones

que vienen. Cuánta razón tiene Jaime Sabines cuando dice: los que murieron en las calles/ también quieren vivir en paz.

Muchas gracias.

EL VALOR DE UNA REIVINDICACION SOCIAL

La Montaña / Oscar Loza Ochoa

Somos responsables del pasado que hicimos

para ser responsables de un futuro que llamemos nuestro.

Carlos Fuentes

El miércoles 18 del presente se conmemoró el XXXVIII aniversario de la huelga general en los campos del Valle de Culiacán y el XVI Aniversario luctuoso de Joel Ramírez Montes. Comparto con ustedes mi intervención en ese evento.

Estamos hechos de historias y de tiempo. Por ello es importante saber que en el tiempo hay historias que van hilvanando nuestro destino. Y que esos hechos corren a la par de los afanes y desvelos de la sociedad y son ancla de sueños de cambio social.

¿Por qué una huelga general en los campos del Valle de Culiacán el 16 de enero de 1974? Echemos una mirada a la situación que vivían nuestros campesinos y jornaleros en aquellos años. De acuerdo al censo de población de 1970, 56 familias concentraban 78,415 hectáreas, eran las más productivas del estado. Esas familias detentaron el poder en el campo sinaloense.

Muchos campesinos teniendo tierra no la podían trabajar por falta de créditos y se vieron obligados a rentar sus parcelas. La Secretaría de Recursos Hidráulicos documentó en 1968 que un 33% de las pequeñas propiedades en los distritos de riego de la Presa Sanalona no eran trabajadas por sus dueños y que el 90% de las tierras ejidales en la Presa López Mateos estaban rentadas a terceros.

Ese era un abierto proceso de proletarización y de empobrecimiento de los campesinos sinaloenses. Miguel Valdez Quintero, dirigente campesino en la época declaró preocupado que el acaparamiento y renta de parcelas alcanzaba las 40 mil hectáreas en el valle de Culiacán.

En la zona de los Altos, donde no existía el riego ni crédito oficial, 346 habilitadores o agiotistas imponían intereses del 50 hasta el 100% a 22 mil 652 pequeños propietarios y a 25 mil 372 ejidatarios y otros 20 mil 555 campesinos sin tierra que viven del trabajo en ella.

Para 1970 la población trabajadora en el campo era de 177 mil 691 personas; de ellas 99 mil 598 son obreros y empleados en fincas privadas, casi el 60%. Agreguemos que unos 127 mil jornaleros venían de los estados del sur del país a trabajar en la temporada de hortalizas.

El mismo gobierno de Sinaloa reconoció que en el año de 1970 más del 30% de la población no comía con frecuencia pan de trigo; que más del 29% no comía carne, leche, huevos y pescado; que más del 57% vivía en casas con piso de tierra; que el 45% vivía en casas de un solo cuarto; que casi el 49% no tenía agua entubada y que el 14% era analfabeta.

El círculo que analizamos cierra su primera vuelta si consideramos que los trabajos en el campo, sobre todo en los campos hortícolas, son trabajos calificados por la OIT como indecentes, porque no se garantizan los derechos de los trabajadores, porque no hay extensión de la protección social en ingresos adecuados, en la integridad familiar y en la seguridad social, ni hay diálogo social que permita la formación de organizaciones sólidas e independientes de los trabajadores y el trato civilizado de los problemas planteados.

Todo lo anterior, sumado a las condiciones de pobreza y desigualdad social en las ciudades y a los reclamos democráticos de los jóvenes estudiantes en 1968 y 1971, reprimidos violentamente, llevó a una situación de sensibilidad social especial en el corazón de la agricultura moderna de Sinaloa.

Desigualdad social y explotación de una mano de obra cuyos ingresos no eran superiores a los 52 pesos diarios y una inflación que ya era de 62% en cuatro años; frecuentes accidentes de trabajo sin costo para el patrón, la afiliación al seguro social no estaba en el horizonte cercano y el confinamiento de los jornaleros agrícolas en inmundas barracas bajo vigilancia armada, al viejo estilo porfirista era la realidad viviente.

No fue casual la convocatoria de aquellos jóvenes de la Liga Comunista 23 de Septiembre a la huelga general de obreros agrícolas. No fue mera coincidencia la aceptación inmediata de los jornaleros. Decenas de miles de trabajadores de los campos hortícolas paralizaron sus labores reclamando mejores condiciones de trabajo.

Violencia había en las condiciones de trabajo y violenta fue la respuesta al reclamo. Todos lamentamos el saldo de ocho vidas que se perdieron en la jornada: cuatro activistas y cuatro policías.

Asalto al Cielo le llamaron los activistas del 16 de enero a su jornada de lucha, en recuerdo a la toma de París por sus trabajadores en la primavera de 1871. Y ese hecho histórico tiene al menos dos méritos que no podemos negar a la distancia de 38 años: enseñó que los derechos sociales sólo se conservan y amplían luchando por ellos y que los productores y el Estado empezaron a reconocer derechos a esa parte de los trabajadores sinaloenses y migrantes a partir de aquella fecha.

Hay grandes deudas por pagar a nuestros proletarios del campo. Con la libertad con que hoy podemos plantear este reconocimiento a la lucha de los jóvenes guerrilleros y de los jornaleros agrícolas de 1974, con esa libertad y nueva determinación también reconozcamos que ese ejemplo de lucha, tiene que permanecer en la memoria colectiva.

Estamos hechos de historias y de tiempo y la memoria es el basalto en que descansa la conciencia de una sociedad que defiende sus derechos. No podemos olvidar nuestra historia ni a sus héroes. No podemos olvidar el 16 de enero y a sus protagonistas. Olvidarlos –dice Carlos Fuentes-, es condenarnos al olvido nosotros mismos. La justicia que ellos reciban será inseparable de la que nos rija a nosotros mismos.”

Muchas gracias.

DESATINOS Y CONMEMORACIONES

La Montaña / Óscar Loza Ochoa

Para desafiar a la sociedad,

primero hay que desafiar a la realidad.

Julio Cortázar

¡Oh contradicción! Para salvarse el Estado empieza a comerse la estructura que lo sostiene. Esta es una de las lecturas que tiene el convenio que entró en vigor el miércoles anterior entre el Ayuntamiento de Navolato y el Gobierno del estado, pues atrás de ese documento, cuya legalidad pretende descansar en un decreto ad hoc del Cabildo, toma cuerpo la desesperación ante el entorno violento, la miopía de los regidores y la desatinada presión del gobierno estatal.

Inédito al parecer en el país, el convenio pasaría por alto el Artículo 115 Constitucional que faculta y mandata a los municipios del país para realizar labores de prevención en la seguridad pública de su jurisdicción. Frente al incumplimiento en materia de seguridad de parte del Gobierno del estado, ahora se recurre al expediente de la ilegalidad (violación al Artículo 115) para intentar “cumplir” en este campo donde tanto se ha prometido.

Interesante sería desentrañar si esta lamentable salida parte del viejo espíritu del Club Mont Pellerin, que en 1947 inició sus afanes por desmantelar los Estados (sus gobiernos) que garantizaban los derechos elementales de los ciudadanos o simplemente es otra de las ocurrencias del equipo que gobierna creyendo que en cada acto descubre el hilo negro.

Algo más preocupante está pasando en la entidad, ni la sociedad organizada (especialmente los abogados) está diciendo algo al respecto, como si obligar a un municipio a abdicar de una de sus funciones constitucionales no tuviera una trascendencia mayor para la vida democrática nuestra. Incluso no han faltado algunas plumas que dicen que si esa medida da “resultados” en las estadísticas antiviolencia no estaría mal la medida.

La ceguera frente la realidad y al marco Constitucional que ha costado una revolución y el sacrificio de millones de mexicanos a través del Siglo XX y lo que va del presente, amenaza con volvernos miopes y crédulos en esta nueva pretensión de que si no se ha cumplido en materia de seguridad, creando nuevas policías e ignorando el Artículo 21 Constitucional y grupos especiales (de rostro, logotipos y autos anónimos), con esta nueva situación de firmar convenios por encima del 115 Constitucional, sí se cumplirá.

El Congreso del Estado tampoco ha ido más lejos a la hora de calificar este atentado a la legalidad. Este jueves emitió un Punto de Acuerdo, que no califica si tiene o no legalidad el Convenio, sólo está solicitando información de la situación laboral en la que quedarán los policías municipales de Navolato, cuya corporación ha desaparecido de la noche a la mañana y hace una invitación para que este sábado se reúnan las partes con el fin de llegar a un acuerdo. En la sesión, que por momentos la presidenta de la mesa anunciaba que podía ser suspendida por la falta de quórum, pues la asistencia oscilaba entre los 19 y 22 tribunos, no se mostró el interés que reclama este antecedente que puede cimbrar nuestras estructuras constitucionales. No es secreto de nadie que ya se pretende meter en esta situación a los municipios de Salvador Alvarado y de Angostura. Lo que resulta muy peligroso para la vida institucional y democrática del estado y del país.

Mientras tanto, un grupo de organismos de la sociedad civil está invitando a rescatar la tradición de lucha y de defensa de los derechos de las personas más pobres y vulnerables del país. El día miércoles 18 del presente mes a las 5 de la tarde, en la Galería Frida Khalo de la UAS, se conmemorará el XXXVIII Aniversario de la huelga general en los campos agrícolas del Valle de Culiacán y el XVI aniversario de la muerte del activista Joel Ramírez Montes “El Chuco”.

El acto tiene implicaciones interesantes si observamos que se entregarán reconocimientos a don Alfonso Corona, a don Jesús Michel, a don Arturo Aguirre (+) y a dona Juanita Montes, padres de esa generación de luchadores Norma, Jesús, Jorge y Joel.

Allí estarán los veteranos de esa epopeya de 1974, entre ellos Víctor Joel Armenta, Elmer Gutiérrez, Rigoberto Rodríguez Benítez y Camilo Valenzuela. Y entre los artistas solidarios hay que mencionar a Enrique Cisneros “El Llanero Solitito” del Grupo CLETA, a Miguel Angel Valencia del Grupo TATUAS y a Alez López del Teatro Delta.

En medio de tanta esclerosis e inmovilidad social, resulta motivador y refrescante el que una parte de la sociedad no sólo recuerde la parte viva, los vasos comunicantes y la memoria de lo que nos alimenta como ciudadanos preocupados por el destino de México.

Esperemos que a esa cita ocurran veteranos de la lucha social y, sobre todo, esos jóvenes que empiezan a manifestar inquietudes a través del teatro, la lucha por la paz, la defensa del medio ambiente, los derechos a la cultura y ese grupo de activistas que se identifica como los indignadxs. Vale.

PA’ QUE LA CARRETA LLEGUE…

La Montaña

Óscar Loza Ochoa

Los pobres son muchos y por eso es imposible olvidarlos.

Roberto Sosa

En opinión de analistas y muchos ciudadanos no hay rumbo en la conducción del estado de Sinaloa. Es cierto que las herencias gubernamentales negativas pesan y que las cosas en materia de economía no se han dado de la mejor manera, sobre todo en la agricultura. Pero la grandeza de un gobierno se construye resolviendo los grandes problemas en tiempos de vacas flacas, no en los de bonanza.

Malgastado el primer año de gobierno, aún hay tiempo de enderezar el barco. El primer paso que debe dar el gobierno del estado es identificar los problemas centrales de la entidad y definir la actitud a tomar frente a ellos y a los grupos económicos, políticos y sociales que mantienen relación directa o indirecta en ellos.

Muchos dirán que no se requiere de gran esfuerzo intelectual para dar con los problemas centrales, pero por el comportamiento gubernamental de los meses anteriores la realidad exige un ejercicio mínimo en este campo. La desigualdad social (agravada por las heladas y la sequía en el campo, por el creciente desempleo y políticas fiscales inadecuadas) y la seguridad son los temas centrales. Y anoto en primer lugar la desigualdad social porque en ese orden debe aparecer, toda vez que la pobreza que es su expresión más prístina es el mal mayor que padecemos. Todos los esfuerzos oficiales se han encaminado a destacar el fenómeno del crimen y la violencia, justificando crecientes presupuestos sin que los resultados se correspondan.

Al identificar los problemas centrales debe tomarse nota de los problemas económicos, políticos y sociales que van de la mano con ellos. Si hablamos de la desigualdad social, la situación ruinosa de gran parte del campo, el desempleo en la ciudad y en los campos pesqueros deben destacarse. Pero tratar los problemas principales exige dejar de lado los desatinos y las actitudes equivocadas del año anterior que sólo exhibieron falta de oficio político y resultados contrarios a los buscados.

Anoto tres ejemplos que deben eliminarse si se quiere que el estado de Sinaloa se encamine hacia una meta donde sus problemas centrales reciban el trato adecuado y la solución toque el bienestar de todos. Primero, no se actuó con oportunidad en el problema de las heladas de febrero y los damnificados tuvieron que recurrir a la presión social para negociar apoyos, que a final de cuentas dejaron en el más completo abandono alrededor de 122 mil hectáreas; segundo, se promovió al menos una amplia reunión para la promoción del empleo, dejando a los representantes de las dos grandes firmas empleadoras de Sinaloa en las últimas butacas del auditorio; y, tercero, no hay convocatoria a todas las instituciones educativas (de todos los niveles, privadas y públicas), a todos los organismos del sector privado y a las asociaciones civiles más diversas, para tratar los problemas centrales del estado.

Lo que debe quedarle claro a quien o quienes gobiernan en Sinaloa, es que el gobierno no tiene la capacidad para resolver por su cuenta los grandes problemas del estado, pero sí crea las condiciones sociales sí puede tener una convocatoria efectiva para enfrentarlos con amplias posibilidades de victoria. Como decían nuestros mayores la carreta camina si la empujamos todos, pero si el empuje es disparejo sólo dará vueltas en el mismo sitio.

Es claro que para crear esas condiciones sociales hay que despojarse de intereses de grupo y hay que aceptar la crítica y las propuestas que desde la sociedad o la oposición se den, pues sin el imprescindible ejercicio de la democracia, no se avanzará un paso en firme.

Este año es año electoral y quizá las condiciones de una coyuntura como esta no lleve a los partidos y fuerzas políticas a la atención de compromisos en torno a tareas comunes, pero no es imposible. Si el planteamiento de los problemas y la convocatoria a conjuntar esfuerzos son planteados adecuadamente, puede haber buena respuesta. Hasta hoy no se han presentado ni convocatoria ni acciones que inviten a marchar por esa senda.

Si esto no se da durante el presente año, no sólo habremos perdido otra oportunidad, quizá se cierre el ciclo de las posibilidades de este sexenio y empecemos a vegetar políticamente. No parece agradable el que nos resignemos a la inacción o a padecer los horrores que vengan, pero si no hay convocatoria por parte de Malova, ¿habrá alguna fuerza emergente que lo haga?

Esperemos que sí suceda lo primero o en el peor de los casos lo segundo. Que no seamos meros espectadores en un escenario que nos obliga a decir algo. Y pa’ que la carreta llegue…Que hablemos y actuemos como lo dice Antonio Casares: Cuando hay indignidad, nos indignamos,/ si se resignan, no nos resignamos,/ si nos hacen caer, nos levantamos. Vale.