La Montaña / Oscar Loza Ochoa
La libertad es siempre la libertar de quienes piensan de otra forma.
Rosa Luxemburgo
El martes 24 comenzó la semana de homenaje a Jorge Aguirre. No podía quedarme callado y tomé la palabra en la inauguración de la jornada. Comparto con ustedes mi modesta intervención.
“No entendemos la paz sin libertades” -dice el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Tampoco nosotros. Insiste el movimiento que encabeza Javier Sicilia: “no pensamos que la paz deba hacerse a costa de los derechos de las personas y de las comunidades.” ¿Alguien de los presentes estaría en desacuerdo con ello? Pero la realidad que vivimos tiene otra lectura.
Cómo nos haces falta Jorge Aguirre, para que nos ayudes a entender que la violencia que sufrimos en las calles no es la única existente. Que violencia es también morir de hambre y de enfermedades curables, como mueren los tarahumaras y muchos otros mexicanos, mientras las reservas nacionales acumulan ahora más de 144 mil millones de dólares, al acecho de los especuladores de siempre, que terminan llevándoselos a sus bolsillos sin que nuestras leyes lo consideren delito.
Cómo nos haces falta Jorge, para que nos sigas señalando que violencia es también que 530 mil sinaloenses sufren pobreza alimentaria y que al menos 56 mil vecinos de este estado tocan las puertas de los negocios todos los días en busca de empleo sin encontrarlo. Eso es también violencia y no hemos organizado una fuerza pública con los recursos suficientes para desterrar la miseria.
Desde afuera nos insisten organismos de la ONU, la OCDE, el BID y otros en que nos comprometamos a disminuir la brecha entre los ricos y los pobres, a reducir la peligrosa desigualdad social que condena a la mitad de los mexicanos a vivir en la pobreza. El país, o al menos sus autoridades padecen de sordera. No estamos escuchando las advertencias.
Ciegos y sordos ante una preocupante realidad queremos creer que no hay límites en las injusticias sociales y que no hay relación entre estas y la violencia en las calles. No hay puerta a la sensibilidad, pues la autoridad sigue apostando al fortalecimiento de un Estado policiaco cuya misión es espantar al fantasma del crimen organizado y a la violencia en corto plazo. Tiene ya cinco años y no ha espantado a nadie, pero los problemas que generan la pobreza y la desigualdad social cada día se robustecen. No aprendemos las lecciones de Haití, Argentina, Colombia y España. Por eso afirmo que la ausencia de Jorge Aguirre nos pesa demasiado.
El movimiento por los derechos humanos está cobrando una fuerza sin precedentes en el mundo. Y su principal aporte es dejar en claro que los derechos de las personas no pueden dividirse en prioritarios y secundarios, que deben entenderse como indivisibles, imprescriptibles y progresivos, que no pueden cumplirse unos y dejar para después el resto.
Julie Wark, una de las intelectuales de este movimiento, propone que cada país debe garantizar un piso (techo decimos nosotros), con los suficientes recursos que sustenten los derechos de todos: salud, alimentación, educación, vivienda, cultura,... Y afirma que hay un vínculo indisoluble entre derechos humanos y los ingresos de los ciudadanos, pues a menores ingresos corresponden más derechos violados.
No es admisible, no es justa ni razonable tanta desigualdad social. Si queremos alcanzar la paz sin lastimar las libertades y con pleno ejercicio de los derechos ciudadanos, se tienen que establecer controles y restricciones a la vergonzosa concentración de riquezas. Frente a los 58 millones de mexicanos que sufren diversas carencias por pobreza y los 28 millones considerados en pobreza extrema, cabe preguntarnos ¿Es justo, es moral que 30 familias concentren en sus manos las riquezas y el poder en este país?
Por eso decimos que el centro de las políticas públicas debe ser el ciudadano. El punto de partida y de llegada de todo planteamiento debe ser la persona. Ningún programa o decisión gubernamental tiene sentido si no va encaminado a resolver los problemas de los productores, de los campesinos, de los obreros, de los maestros, de las mujeres, de los jóvenes, de los indígenas, de los discapacitados o de los niños. La Constitución Política y los tratados y convenciones internacionales son nuestra Ley suprema. Todos estamos obligados a su observancia. Y los primeros obligados a sujetar todos sus actos a la legalidad que nos hemos dado son los gobernantes.
Señalamos con todo respeto, pero con toda la contundencia que requiere el planteamiento, que preocupa al movimiento de derechos humanos el Convenio recién suscrito entre el presidente municipal de Navolato y el gobernador del estado en materia de seguridad. Por dicho convenio se transfiere el servicio de la policía preventiva municipal al gobierno del estado. Y la corporación municipal desaparece.
El artículo 115 de nuestra Constitución, establece que el régimen republicano de los estados tiene como base de sustento al municipio libre y le da facultades exclusivas, entre ellas la labor de prevención y la aplicación del bando de policía y gobierno. Ningún ayuntamiento puede abdicar a sus funciones constitucionales. Las condiciones graves en materia de seguridad, que todos conocemos suficientemente, no pueden justificar el acuerdo. Y si partimos de los desatinos que en materia de seguridad se cometen a diario en el nivel estatal y federal, donde el respeto a la Constitución y a los tratados y convenciones internacionales suscritos y ratificados por México son dejados frecuentemente de lado, más grande es la preocupación. Se está sentando un delicado precedente, pues ya se habla de promover convenios similares en Angostura y Salvador Alvarado.
Y si partimos de que en la práctica se han desplazado a las policías preventivas de los municipios donde la violencia tiene expresiones altas, la situación de la legalidad constitucional en México está en entredicho. Una cosa hemos sabido hasta la saciedad desde los años cuarenta en Sinaloa: la ilegalidad no se puede vencer combatiéndola con actos ilegales. Allí están las acciones de la Onza Leyzaola, la Operación Cóndor y la que se llama México Seguro. Y allí están los lamentables resultados.
Para fortuna de este país y de las innumerables víctimas que han resultado de la violencia impuesta por los criminales y redimensionada por la acción de las autoridades, ha surgido el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que los días 13 y 14 de este mes, con la representación de 14 estados acordó iniciar una campaña nacional el próximo día 30, rescatando la dignidad de las víctimas. La campaña se llamará: “Ponte en los zapatos del otro”, recordando a todos que para entender a las víctimas es necesario ponernos en sus zapatos. Todos debemos apoyarla.
Y recordando a esas víctimas del delito, es imprescindible manifestar públicamente que la iniciativa de Ley contra las desapariciones forzadas, presentada ante el Congreso del Estado el día 9 de diciembre pasado, debe recibir el apoyo de la sociedad.
Digamos de manera clara en el XIII Aniversario de la inmolación de Jorge Aguirre Meza, que su figura se agiganta en estos tiempos difíciles para el estado y para el país. Pero también reconozcamos que no hemos hecho lo suficiente para que su caso no siga en la impunidad. Y que una tarea presente es retomar su causa y exigir que la autoridad reabra su expediente. Su caso es, por muchas razones, emblemático entre las víctimas que no han recibido la acción de la justicia.
Finalmente, este país no puede seguir ignorando los derechos de las víctimas. Si queremos alcanzar la paz, necesitamos crear un marco legal que se los garantice y que haga valer el sensible e integral concepto de la seguridad humana y ciudadana para todas y todos los que habitamos este sufrido país. Tenemos que hacerlo por nuestras familias y las generaciones
que vienen. Cuánta razón tiene Jaime Sabines cuando dice: los que murieron en las calles/ también quieren vivir en paz.
Muchas gracias.
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