LA AUDIENCIA EN LA CIDH

La Montaña / Óscar Loza Ochoa

Olvidarlos es condenarnos al olvido de nosotros mismos.

Carlos Fuentes

Allí estaban Javier Sicilia y Emilio Álvarez Icaza, Karla Espinoza, Patricia Rivera, Maurilio Santiago, Leonel Aguirre. Todos frente a los representantes del Estado mexicano, encabezados por el embajador ante la OEA y el sinaloense Felipe Zamora, Subsecretario de derechos humanos.

Rodrigo Escobar Gil, Relator para México dirigió la Audiencia, acompañado del Consejero Paulo Sergio Pinheiro y del Relator para Migrantes Felipe González. El Salón Rubén Darío estaba lleno de defensores de varias regiones de América Latina, con presencia de la prensa.

Emilio abrió nuestra participación, señalando que el marco de violencia que vive el país ha masificado el número de las víctimas y que los homicidios y desapariciones alcanzan una magnitud preocupante, mientras la Procuraduría General de la República no cumple con las funciones de investigar y perseguir el delito.

Sicilia manifestó que las actividades del crimen organizado no habían disminuido por la acción de la autoridad. Que la impunidad, salvando su caso, es la regla. Que las víctimas no tienen ni el espacio ni el apoyo que debieran tener por la PGR y el Estado mexicano. Y que no había voluntad de cambiar de estrategia en el combate al crimen.

Karla Espinoza, de la Universidad de Paul en Chicago y quien nos ayudó en la preparación de todo lo relacionado con la Audiencia, hizo la presentación del grupo nuestro. Patricia Rivera inició presentando las peticiones a la CIDH, haciendo énfasis en la necesidad de abolir la figura del arraigo, crear la Comisión nacional de búsqueda de desaparecidos, de la estrategia oficial para garantizar los derechos de las víctimas, legislar sobre desapariciones forzadas en los estados que aún no lo hacen y la visita del Relator en la materia a Sinaloa.

Enseguida me correspondió informar sobre la situación del problema de las desapariciones en México y en Sinaloa. Expusimos la historia de las tres etapas que se pueden establecerse en el campo de las desapariciones forzadas en México y Sinaloa, desde 1968 hasta el 2011. La connotación que tiene la tercera etapa por la cifra de más de 5 mil personas desaparecidas y por la actitud del Estado y su comportamiento frente a este fenómeno.

Manifestamos que la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa nos había informado oficialmente que tiene un registro de personas desaparecidas. Que no hay nada inventado.

Maurilio Santiago, defensor de los pueblos indígenas de Oaxaca, expuso el problema de diez vecinos miembros de una cooperativa ecoturística de Pochutla que desaparecen en Tamaulipas. La autoridad local reconoce haberlos detenido, pero las explicaciones que dan sobre un supuesto traslado al estado de Morelos no convencen a nadie.

Los funcionarios del gobierno mexicano dieron una respuesta general, abundando en la legislación nueva, en los esfuerzos contra el crimen y en dar garantías de seguridad a la población civil y de la propuesta de reforma al Código Penal Federal que ya está en el Congreso de la Unión.

El Relator Rodrigo Escobar Gil, observó que no se había dado respuesta a las peticiones que hicimos y le solicita al Estado mexicano que lo haga. Los funcionarios se comprometen a ampliar el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil sobre el tema de seguridad y derechos humanos, incluyendo el tema de las desapariciones. Y cierran invitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a vigilar de cerca el proceso de la ampliación del diálogo con la sociedad civil.

No está mal, nada mal, las conclusiones de la Audiencia temática de este 27 de octubre que organizó la CIDH. Pero tampoco está demás decir, que la única posibilidad verdadera de que se cumplan los compromisos hechos por el gobierno mexicano, es que los organismos de derechos humanos de la sociedad civil no se queden solos en la exigencia de que se observen a cabalidad. La sociedad tiene la palabra. Vale.