La Montaña / Oscar Loza Ochoa
A quienes recordaron a los desaparecidos bajo un sol abrasador y la indiferencia oficial.
La tragedia del casino Royale de Monterrey y el homicidio de Humberto Millán nos obligan a pensar que vivimos como soñamos: solos… como lo sentencia Joseph Conrad. Y es que en medio del drama el dolor se vuelve ancla y las instituciones de la república parecieran volatizarse. Simplemente no se les ven asideros, mientras el sentimiento de orfandad en los grupos sociales más vulnerables domina el horizonte.
Ambos hechos nos golpean como sociedad: uno por la calidad de las víctimas, que ajenas al torbellino que generan en su entorno crimen organizado y los negocios que rayan en la frontera de lo legal e ilegal, pagan inexplicablemente la cuota de sangre que reclama la violencia que estos prohíjan. El otro porque la muerte del periodista atenta contra la libertad de expresión y va directamente contra uno de los espacios que más lágrimas ha costado al pueblo y, lo que pone un toque especial al problema, es que ello ocurre en un clima político local enrarecido y lleno de cuestionamientos.
La barbarie del Royale ganó el sentimiento nacional y el caso Millán corre el riesgo de convertirse en un asunto de los sinaloenses. Creo que con el precedente de 68 casos de periodistas asesinados desde el año 2000 y todos condenados a la más oprobiosa impunidad, el asunto toma otra dimensión. Sirve de consuelo el coraje demostrado por nuestros periodistas locales, pero preocupa que el principio de fatiga se imponga en poco tiempo, como nos sucedió en los casos de Oscar Rivera y de Alfredo Jiménez. La autoridad sólo da un paso adelante cuando una fuerza social empuja desde atrás.
Las coyunturas especiales mueven a los políticos. Son la oportunidad para cobrar espacios y para despertar intereses que no tuvieron mejor suerte tiempo atrás. En medio de la indignación general quizá no todos nos hemos dado cuenta que en el discurso de gobernantes y de grupos cercanos al poder, se manifiesta la intención de presionar la aprobación inmediata de iniciativas de ley que han causado gran polémica porque serían puerta ancha a la violación de derechos humanos.
En los discursos se proscribe la frase derechos humanos y se pretende aplazar el reconocimiento de que lo hecho hasta hoy en materia de seguridad ha sido un fracaso: el más doloroso fracaso que haya sufrido en muchos años este país. Lo digo con mucha preocupación: sin la aceptación del fracaso de la estrategia oficial y las fobias que provoca aceptar la cultura de derechos humanos como alternativa de políticas públicas y de convivencia social (seguridad ciudadana), se abre paso peligrosamente la tentación del autoritarismo.
Y creyendo que a la preocupación manifestada en los discursos se sigue una medida legislativa adecuada a la magnitud del problema y a los reclamos ciudadanos, podemos dejar hacer a los políticos y no opinar sobre las reformas planteadas, pero más temprano que tarde lo lamentaremos.
Si los ánimos se nos caen o nos gana la desesperación, las tentaciones del autoritarismo van a encontrar cabida y la nueva Ley de seguridad nacional buscará legalizar esos viejos anhelos de los conservadores mexicanos de que las policías y el ejército no tengan obstáculo legal alguno para allanar hogares, para las detenciones arbitrarias y para que los atropellos de toda índole como la interceptación de llamadas telefónicas, el abuso en la figura del arraigo de los detenidos encuentren “vía legal” en otras reformas a nuestras leyes, ignorando las sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo que establecen Tratados y convenios internacionales.
Tenemos dos recursos de que echar mano en esta difícil hora: el valor moral del movimiento que encabeza Javier Sicilia y los organismos defensores de los derechos humanos que nacieron y viven en seno de la sociedad. Son también dos esperanzas de que hablen y hablen claro frente al tsunami legislativo que se nos viene encima.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Right Watch, Artículo 19 y otras instituciones más, han señalado con sobrada razón que hay dos sectores muy vulnerables ante la violencia que ha impuesto sus reales en México y en el entorno político y social que resulta de todo ello: los activistas de derechos humanos y los periodistas.
Es hora de definiciones. La sociedad reclama el concurso de sus intelectuales y de las mujeres y hombres con verdadero compromiso ante su tiempo. Vale.
No hay comentarios:
Publicar un comentario